El reclamo pertence al abogado Gabriel Bouzat, un experto en Derecho Público y otras especialidades, que data de la época en que Carmona era el titular de la Fiscalía de Estado, la dependencia pública encargada de velar por los intereses de todos los chubutenses.

Carmona fue quien impulsó los últimos reclamos de Chubut a la Nación ante la Corte Suprema, durante la anterior gestión de gobierno.

Uno de ellos, fue el reclamo que la Provincia realizó por la presunta retención indebida de fondos coparticipables para el financiamiento de la Anses.

Carmona le hizo firmar al entonces gobernador de Chubut, Mario Das Neves, una extensa demanda contra el Estado nacional que, según algunos especialistas, tenía buenas chances de prosperar, sobre todo si se tenía en cuenta que antes que Chubut, otras provincias como Corrientes y Santa Fe habían realizado reclamos similares.

Era, además, el momento en que el Gobierno provincial de entonces estaba abiertamente enfrentado al Nacional.

Reclamo inesperado

Aquella demanda no generó una rápida respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sí un reclamo inesperado al Gobierno chubutense: el texto de la demanda de la Provincia no era una idea original de Carmona, sino que tenía derechos de propiedad y pertenecían a Bouzat, que precisamente había impulsado las demandas de las provincias de Corrientes y Santa Fe.

La desprolijidad de la Fiscalía de Estado conducida por Carmona fue tal que Bouzat, considerado un «peso pesado» del universo jurídico porteño, no tardó en detectar semejante plagio y decidió iniciar una demanda por «daños y perjuicios» contra el Gobierno que encabezaba Mario Das Neves.

Mediación y acuerdo

El 16 de septiembre de 2011, tras largos meses de idas y vueltas, Bouzat firmó un acuerdo de mediación con la Provincia del Chubut, representada por el Dr. Carmona, en el que el abogado «renuncia expresamente al reclamo efectuado” en los autos contra el Gobierno provincial, “que tramitara ante la mediadora Dra Beatriz Álvarez bajo la condición suspensiva de que la Provincia de Chubut ratifique mediante decreto el acuerdo de honorarios que los suscriptos celebraron en el día de la fecha», reza el convenio de mediación.

O sea, Bouzat aceptó la propuesta de la Fiscalía de Estado de Chubut de no continuar con su demanda a cambio de un acuerdo que incluía varias cláusulas y condiciones. La primera, por ejemplo, era contratar a Bouzat para que «evalúe, analice y determine el monto a reclamar, su procedencia y perspectiva de cobro, en relación a los fondos coparticipables, que se le retienen a la Provincia para la financiación de la Anses».

La cláusula segunda se refería a las tareas de Bouzat y, principalmente, a sus honorarios: «Por dicha labor, el Dr Bouzat percibirá el monto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le regule en concepto de honorarios profesionales por su actuación profesional».

Ese porcentaje sólo sería cobrado «en caso de que la causa sea favorable», agregaba la cláusula, y «en relación al monto que se le reconozca a la Provincia en la sentencia que se obtenga».

El párrafo siguiente de la misma cláusula del convenio firmado por Carmona y Bouzar abre muchos interrogantes: «El mismo honorario se percibirá en caso de que la Provincia desista de la demanda o alcance un acuerdo con el Estado Nacional», sentencia. Es decir, que aunque Chubut desista de este juicio -como es la intención-, Bouzat podría reclamar honorarios profesionales.

Honorarios

Para el final quedó otro compromiso, el de la factura impaga: «Como honorario por el análisis y elaboración de la demanda, la Fiscalía le abonará al Profesional la suma de $ 80.000 (pesos ochenta mil) más IVA dentro de los 30 días siguientes a la firma del presente», dice textualmente el convenio entre las partes.

Siguiendo los términos de ese acuerdo, Bouzat debería haber cobrado a mediados de octubre, pero recién presentó su factura el 21 de noviembre. Ahora, además de los 96.800 pesos que todavía se le adeudan, Bouzat estaría en condiciones de reclamar sus honorarios por la demanda desistida.

Sin dudas, una grave situación que deberá resolver la actual gestión de la Fiscalía de Estado que conduce Blas Meza Evans, que seguramente le reclamará a Carmona por su deficiente actuación en el caso. #