“Hay un bebé preso por discriminar a su madre.” Así sintetizó la abogada feminista Nina Brugo, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el caso de la ex funcionaria porteña Ana María Fernández, condenada a tres años y medio de prisión por la tragedia de Cromañón, y a quien la Cámara Federal de Casación Penal le negó la prisión domiciliaria, a pesar de que está amamantando a su hijo, de 9 meses, fruto de su matrimonio con otra mujer. El rechazo fue apelado y se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Ayer, legisladoras y legisladores de un amplio arco político y referentes de organizaciones de mujeres, de derechos humanos y de la diversidad solicitaron al máximo tribunal que le “otorgue urgente prioridad” al tratamiento del caso.
“Los derechos de los niños/as no dependen de la elección sexual de sus madres o padres”, dice el escrito que fue presentado ayer ante la Corte, con más de 160 firmas y 40 adhesiones. “Estamos convencidos de que si Ana María Fernández estuviera casada con un varón, le hubieran otorgado la prisión domiciliaria”, señaló a Página/12 la diputada porteña Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos), quien concurrió a Tribunales junto con su par María Rachid (FpV) y la presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), María Elena Barbagelata. Los diputados de la Ciudad Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos), Fernando Sánchez (CC– ARI), Pablo Bergel (PS), María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular), Rubén Antonio Campos (UCR) y Virginia Gonzales Gass (PSA) fueron algunos de los firmantes del pedido a la Corte. También acompañaron el reclamo los diputados nacionales Claudio Lozano (UP), María Luisa Storani (UCR), Graciela Iturraspe (UP) y Mara Brawer (FpV), entre otros.
“La intención de poner en marcha una acción pluralista es expresar con fuerza que no vamos a retroceder respecto de los derechos que hemos conquistado con la lucha, como es el caso del matrimonio igualitario, y que repudiamos que se exponga a un niño a esta situación”, expresó García Tuñón.
La ex funcionaria porteña está detenida en el pabellón de mujeres con hijos del penal de Ezeiza. La Justicia denegó hasta el momento la detención domiciliaria con el argumento de que su hijo tiene otra mamá que lo puede cuidar en su casa. Pero Fernández es quien dio a luz al bebé y lo amamanta. Su pedido fue denegado primero por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 24, a cargo de la causa por la tragedia de Cromañón. Su defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal mientras que la Procuración Penitenciaria se presentó como amicus curiae y denunció discriminación, ya que un argumento de la resolución aludía a la orientación sexual de Fernández. En fallo dividido, el máximo tribunal penal del país ratificó lo dispuesto en diciembre por el TOC Nº 24. Para el voto de la mayoría, el bebé “no se encuentra en situación de desamparo ni de inseguridad material o moral”. Los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi afirmaron que la decisión de no habilitar a Fernández el beneficio del arresto domiciliario “no se advierte reñida con las normas nacionales o internacionales que protegen sus derechos”.
Para el voto en disidencia, en cambio, el ámbito penitenciario no es un espacio ideal para la crianza del niño, no sólo porque el estado anímico de su madre “puede ser transmitido al menor dada la mimetización” con ella sino, también, por las débiles condiciones de higiene. En sus fundamentos, la camarista Angela Ledesma se sirvió de un informe de la Procuración Penitenciaria que relevó que en la unidad hay “cucarachas”, casi no entra luz del sol y no hay guardia pediátrica. Además, observó, “el arresto domiciliario es una modalidad de cumplimiento de pena y no un sinónimo de impunidad”.
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