Por:
María Sucarrat

Son 20 familias. Todas de Tandil. Son 38 niños y niñas. Todos víctimas de abuso sexual. Tras diez años de lucha contra la justicia, parece que la reparación comenzará a llegar a sus vidas. Todavía les falta poco más de 60 días para sentir algo de alivio. Será en marzo, cuando el fiscal Luis Humberto Piotti, encargado de proveer de justicia a esas víctimas y a sus familas, enfrente un juicio político.
Así, cuando en marzo se inicie el período ordinario de sesiones de la Cámara en la Legislatura bonaerense, comenzará también el juicio político contra el fiscal tandilense por su accionar en decenas de causas sobre abusos sexuales a menores de edad.
La Comisión de Juicio Político, integrada por senadores y diputados de distintas bancadas, votó por unanimidad el pedido a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento el último 30 de noviembre.
La denuncia contra Piotti fue realizada «por incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento en los deberes inherentes al cargo, dejar transcurrir en exceso los términos legales sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a decisión o dictamen, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido y la realización de actos de parcialidad manifiesta».
Los diferentes casos que involucra esta «megacausa» por la cual el fiscal Luis Piotti será sometido a juicio político tienen ribetes escabrosos. Por ejemplo: La Unidad Funcional de Instrucción Nª 3 de Tandil, Departamento Judicial de Azul, demoró cuatro años en la investigación del caso de dos hermanos que, a la edad en la que asistían al jardín de infantes, fueron abusados sexualmente por su padre. Ello, aunque el Código Penal de Justicia Bonaerense prevé que la fiscalía realice la instrucción con un máximo de seis meses. La causa contaba desde su inicio, según señala el expediente, con pericias psicológicas concluyentes, cámara Gesell de parte y cámara Gesell practicada de oficio. Entre las irregularidades aparece que los menores fueron revisados por un médico de la policía -el doctor Roberto Leitao- en el Hospital de Tandil sin dar intervención al Juzgado de Menores. Los niños fueron separados de su padre casi dos años después de la petición realizada a la justicia. Pero por poco tiempo: el 15 de septiembre de 2006, el juez de Garantías interviniente, José Alberto Moragas, resolvió rechazar por improcedente «el pedido de proteger del contacto con el denunciado». El fiscal Piotti, según consta en el escrito, «descarta la hipótesis de abuso sexual y procura por todos los medios, y sin éxito, producir pruebas que lo descarte». La causa fue elevada al fiscal general de la Procuración de la Nación. Allí, entre otros puntos, se consideró que «las medidas procesales que involucren a menores víctimas de delitos implica para el niño una nueva victimización, algo que el agente fiscal denunciado (Piotti) parece no comprender».
La «megacausa» de abuso sexual a menores en Tandil es infinita y de larga data. Los familiares de las víctimas tocaron casi todas las puertas municipales, provinciales y nacionales. La denuncia contra el fiscal Piotti también recorrió un largo camino: fue entregada por el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández a la procuradora general María del Carmen Falbo, también al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, por Luis Santucho, secretario general de la Fundación Liga por los Derechos Humanos.
A la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le llegaron numerosas cartas. Es decir, llegaron numerosas cartas a la Casa Rosada. Una mamá cuenta: «Nosotras no sabíamos que había que pedir una especie de acuse de recibo y un jueves vinimos a participar de la ronda de las Madres. Una asistente social me dijo: «Vamos a cruzar a la Casa Rosada a ver en qué estado están las cartas. Y ahí me enteré», cuenta la mamá. «Escribí otra. Adjunté un resumen de las cartas, reclamamos el ‘acuse de recibo’ y finalmente llegó.»
Fue así como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó cartas en el asunto y pidió colaboración al diputado por la provincia de Buenos Aires, Fernando «Chino» Navarro, quien viajó a Tandil y se entrevistó con cada una de las 20 familias.
Entre las fotocopias de los expedientes que recibió la presidenta  había una carta enviada por una familia tandilense que relataba el caso de un abuelo que no sólo había abusado de sus dos nietos de cuatro y cinco años sino que, además, los llevaba «donde una prostituta en donde debían participar de actos sexuales junto con ellos, además de ser fotografiados». Los datos proporcionados por los menores fueron recogidos en una cámara Gesell para después ser desestimados por el fiscal Luis Humberto Piotti. El abuelo, finalmente, luego de un largo proceso fue condenado «a siete años de prisión como autor penal responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con suministro de material pornográfico a menores de 14 años». El caso tiene otras aristas: los primos de los dos menores en cuestión que también fueron sometidos por su abuelo. La causa fue archivada. «Podríamos hablar horas sobre la impotencia, el dolor, la angustia, los miedos, las inseguridades, la desconfianza de nuestros hijos como niños y la nuestra como adultos, pero creemos necesario dedicar tiempo a quienes nos han acompañado en este duro camino. Pedimos una justicia responsable, acorde con los principios constitucionales y divinos para nuestros hijos, nuestros sobrinos y todos aquellos que han pasado por ese horror y que por ahora no tienen voz.» Así termina la carta que la familia tandilense envió a la presidenta de la Nación.

PUEBLO CHICO. «Hay ciertas personas que siguen manejándose como en la dictadura. La Iglesia, el Poder Judicial, los familiares del intendente, todos se comportan de la misma manera. Hay que fijarse muy bien que quienes realizan los abusos están en mejor posición social y económica y por eso tienen más llegada a ciertos sectores que les permiten parar las denuncias», sostiene un abogado empapado en la «megacausa», quien recibió amenazas cuando intentó sacarla de los límites de Tandil.
La psicóloga y perito forense Daniela Lezcano, además especialista en Abuso Infantil y Maltrato Infanto-juvenil, es otra de las profesionales que recibió amenazas por su labor con los menores víctima de abuso. «Estamos librando una lucha desigual contra el aparato judicial corrupto en connivencia con el Ejecutivo municipal», expone.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en una carta elevada al ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal y al gobernador Daniel Scioli a propósito de «la grave situación de privación de justicia y de violación de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Tandil», también se refirió a las amenazas y coacciones. «La situación se agrava porque la psicóloga y perito forense que pide ayuda al igual que los familiares de los niños abusados, son amenazados y perseguidos cotidianamente con llamados telefónicos intimidantes, amenazas de bomba en sus casas, autos vigilando los domicilios».
Al respecto, Lezcano señala:  «Esto comenzó con amenazas telefónicas, guardias de autos que encendían las luces al salir de mi casa con mis hijos. Luego aparecieron las llamadas desde unidades penales, sin mediar la grabación del sistema penitenciario, amenazas telefónicas a mis hijos, arrancaron los cables de teléfono de mi casa. Fui seguida por un auto que luego pude verificar que tenía pedido de captura en la provincia de Buenos Aires. Paralelamente, se llegó a armar una causa y lo detuvieron a mi hermano el mismo día que realizamos la primera marcha. Estuvo seis meses detenido con un proceso irregular. Como seguimos adelante con las denuncias, el propio fiscal Piotti y el defensor de Menores Belauzarán presentaron una denuncia en el Colegio de Psicólogos logrando que me colocaran una amonestación de la que me entero a través de los diarios.»
Lezcano realizó una presentación personal a Presidencia de la Nación: fue tras recibir una citación para hacer una pericia caligráfica por averiguación de la comisión de un delito de acción pública. Una causa penal. «Al ver que estaba en manos de los mismos funcionarios que denunciaba, presenté todo el material probatorio, tres carpetas con más de 500 fojas, en junio de 2011.» A partir de julio de ese año, la psicóloga fue integrada al Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación.
«Desde entonces me dedico con mucho ahínco a apurar la presentación del pedido de juicio político del fiscal Luis Humberto Piotti. Hay un menor inocente que  hace más de un año está siendo revinculado o vive con los mismos que abusaron de él. Su padre está detenido por protegerla. Es un caso de alto riesgo. ¿Qué puede pasar con él cuando el poder judicial esté acorralado?», dice Lezcano.

AMICUS CURIAE. La pelea de las familias instaló la problemática conocida como «ola de abusos en Tandil», en el centro de la discusión de renombrados expertos internacionales. Así, el grupo de profesionales integrado por Lisa Fontes, Alicia Ganduglia, Patricia Gordon, Irene Intebi y Josep Ramón Juárez López, cuya extensión curricular excede a este reportaje, intervino en la «megacausa» bajo la fórmula Amicus curiae. El grupo, además de ofrecer su opinión en el ámbito de la protección infantil, el peritaje y la evaluación forense, realizó un estudio minucioso de uno de los expedientes, concluyendo que «la justicia no llevó a cabo la valoración de la sospecha ni procedió a tomarle testimonio al menor según la Ley 25.862».
El informe pone especial énfasis en la «revictimización», un estado por el que los 38 niños abusados habrían pasado merced a la instrucción del fiscal Luis Piotti.
«La revictimización o victimización secundaria, explica el estudio, es producto de una reacción social inadecuada, donde la víctima se ve obligada a reexperimentar una nueva violación de sus derechos cuando la policía, las instituciones sociales y gubernamentales intervienen de forma inapropiada con la intención de investigar o reparar la situación de la víctima a nivel económico, social, físico o psicológico. Muchos autores coinciden en considerar la revictimización como las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que pueden ocurrir en el trancurso de la relación entre la víctima y el sistema jurídico penal.»
Los familiares de muchos de los niños y niñas que han pasado por la instrucción del fiscal Piotti lo denuncian en ese sentido. La psicóloga Daniela Lezcano lo explica: «Nosotros hemos luchado para evitar la revictimización de todos los niños y niñas. Hablo en particular de un menor que se encuentra en Tandil sin posibilidad de ver a la parte de su familia denunciante. ¡Y la justicia ordena la paulatina revinculación con la parte de la familia abusadora!» Además suma un agravante: «A las familias de menores recursos les han ordenado compulsivamente el traslado de los niños víctima de abuso a hogares del Estado argumentando que no tienen medios económicos o que están depresivas. Esos nenes tienen entre tres y 12 años. Tienen causas de violación y abuso sexual agravado. Todos fueron separados de sus hermanitos y en muchos casos alojados a más de 150 kilómetros de modo que no es posible mantener el vínculo.»

UN POCO DE ALIVIO. El juicio político al fiscal Luis Piotti quizá sea la punta del iceberg de una parte de un sistema judicial que no está preparado para sostener, contener, impartir justicia a menores y a desposeídos. Ni siquiera existe un protocolo que indique cómo actuar en esos casos (ver pág. 33).
Y aunque no se sabe cómo resultará este juicio político, es probable que parientes, amigos y profesionales sientan cierta reparación al ver sentada en el banquillo a la persona que tantas veces condenó a sus hijos, sobrinos y nietos.
Quizás entonces comience otra etapa para la institución judicial tandilense. La de procurar salud a los niños, cuidar su integridad psicofísica, reconocer los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina

Fuente: http://tiempo.infonews.com/notas/fiscal-de-tandil-juicio-politico-su-accionar-casos-de-abuso-infantil