El actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez, fue citado a indagatoria en la causa sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA –del que mañana se cumplen veinte años– y debe presentarse el 6 de agosto. El juez federal Ariel Lijo le imputa «haber ofrecido beneficios y ejercido presiones» sobre ex policías que estaban implicados en los inicios de la investigación del ataque terrorista para que acusaran al ex comisario Juan José Ribelli, que era jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús. El objetivo era que dijeran que allí habían visto la camioneta Trafic blanca que se utilizó como coche bomba.

En 1996 Domínguez fue abogado de uno de los policías bonaerenses imputados, Juan Bautista Huici, quien trabajaba con Ribelli. Huici dijo que su defensor lo había inducido «a declarar diferentes mentiras». El ahora titular de Casación –cercano al ex gobernador Eduardo Duhalde– fue, según se desprende de su citación, uno de los actores de la trama por la que se buscó construir una versión de los hechos para tapar la verdad sobre el atentado. La invención de esa historia fue señalada por el Tribunal Oral Federal 3, que hizo el juicio oral sobre el ataque, tras el cual dispuso anular todo aquello que había incriminado a Ribelli y los policías que fueron juzgados, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro.

De acuerdo con la descripción del juez Lijo, Domínguez actuó en combinación con el ex comisario Luis Vicat y con la abogada Nélida Parascándalo. Primero, señala, la letrada le aseguró a Huici su libertad el día que fue trasladado al juzgado de Juan José Galeano –a cargo de la causa original sobre el atentado– a cambio de que le apuntara a Ribelli. Luego Domínguez visitó a Huici en prisión y le ofreció ser codefensor. Dejó de representarlo cuando asumió como jefe de Asesores de la Secretaría de Seguridad y desde esa función le presentó a Vicat, quien le ofertó «dinero, su libertad y trabajo» si decía lo que le pedían. A Huici le decían que Galeano estaba al tanto de todo. Como se negó a cambiar su declaración recibió una carta con fotos de su casa y de sus hijos con esta frase: «Te ofrecimos la calla y te cagaste, ahora aguantátelas solo o pensá lo fácil que es esto».

De la investigación surgió que el mismo mecanismo de ofrecer beneficios a cambio de una versión sobre la Trafic y los policías de Ribelli, se intentó con otro policía preso, Diego Barreda, y con Claudio Walter Araya. El juez Lijo sostuvo que «el objetivo principal de la maniobra fue recolectar prueba de cargo contra miembros de la Policía Bonaerense para que el magistrado (Galeano) obtenga prueba de incriminar y así poder volcarla al auto de mérito de Ribelli, Ibarra, Leal y Bareiro».

El nexo con los policías de la Brigada de Lanús había sido el desarmador de autos Carlos Telleldín. El motor que apareció entre los escombros de la AMIA estaba a su nombre. Luego se detectó que había estado detenido en Lanús como «Texedín», una forma de disfrazarlo, porque se suponía que lo extorsionaban, le exigían plata y autos, y lo liberaban. Según Galeano, Telleldín les entregó la Trafic como parte de aquellas extorsiones. Cuando se descubrió el video que daba cuenta del pago de 400 mil dólares de la SIDE a Telleldín para que diera una versión, pudo apreciarse en una filmación que le mostraban las fotos de los policías del grupo de Ribelli a los que tenía que incriminar.

Los cuatro ex policías bonaerenses fueron absueltos por el TOF3, que también exculpó a Telleldín, aunque la Corte Suprema dispuso que no se debía anular la investigación que lo incriminaba y que debía enfrentar un nuevo juicio. En la causa de las irregularidades, el encubrimiento y la sustracción de fondos de la SIDE, ya están camino a juicio oral el ex presidente Carlos Menem, Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex comisario Jorge «Fino» Palacios, el ex dirigente de la DAIA Rubén Beraja y Telleldín. Lijo sobreseyó, en cambio, al ex ministro del Interior Carlos Corach.

Domínguez aún debe ser indagado y, si no se presenta, Lijo sólo podría llevarlo detenido para interrogarlo previo juicio político.

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