Un drama familiar, que terminó con un homicidio, es el caso por debatir en el primer juicio por jurados que se realizará, a partir de hoy, en la provincia de Buenos Aires. La audiencia quedará abierta, desde las 9, en los tribunales de San Martín, donde doce ciudadanos que serán elegidos poco antes del comienzo del juicio oral decidirán el futuro de Guillermo Barros, de 28 años, quien el 31 de enero de 2014, luego de una fuerte discusión, mató de un disparo de escopeta a su ex cuñado, Germán Armella, de 30. El asesinato ocurrió en José León Suárez, en el marco de una historia penosa, dado que la víctima se había separado de su esposa, Claudia Barros, hermana del acusado, quien lo había denunciado por violencia de género.

La audiencia se hará en el edificio de Ricardo Balbín 1753, de San Martín, en la sala de audiencias “A” del primer entrepiso, que fue remodelado para adaptarlo a la nueva modalidad de juicio por jurados, aprobada por la Legislatura bonaerense en septiembre de 2013. De esta manera, la provincia de Buenos Aires se suma a un tipo de proceso judicial sólo vigente hasta hoy en Córdoba y en Neuquén.

La discusión entre el imputado, Guillermo Barros, y su ex cuñado, Germán Armella, comenzó dentro de la vivienda familiar, en José León Suárez, y terminó fuera de la casa, cuando el primero atacó al segundo con una escopeta de caño recortado. El disparo hirió en el hombro a Armella, quien fue llevado al hospital de Boulogne, donde falleció a poco de ingresar. Barros fue detenido dentro de la casa, luego de que los testigos del hecho llamaran a la policía.

El matrimonio formado por Claudia Barros y Armella se había disuelto unos meses antes, debido a las constantes agresiones físicas que sufría la mujer de parte de su pareja; a pesar de la separación, la relación entre ambos siguió siendo conflictiva hasta llegar al trágico desenlace.

El juez Francisco Pont Vergés, encargado de coordinar el debate, sostuvo que no hay “otro acto cívico más fuerte que éste”, en referencia al juicio por jurados populares, porque “la gente va a tomar una decisión de trascendencia enorme”. Pont Vergés es integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de San Martín y fue elegido por medio de un sorteo entre los tres integrantes de ese cuerpo.

El juez coordinará el debate, pero la decisión final quedará en manos de los doce jurados populares, a los que se denomina “jueces ad hoc”, quienes tendrán seis suplentes para reemplazarlos ante cualquier inconveniente; los suplentes deben estar presentes durante todo el debate.

Titulares y suplentes serán elegidos de un total de 48 personas, de entre 21 y 75 años: los designarán por sorteo en la apertura de la audiencia. Los datos sobre los integrantes del jurado se conocerán recién en la apertura del juicio oral. La acusación estará a cargo de la fiscal Ana Armetta y la defensora oficial del imputado será Verónica Jollice. Tanto la fiscal como la defensora podrán interrogar a los jurados designados y del interrogatorio podría llegar a surgir alguna recusación.

Una vez cumplidos estos pasos previos, los 18 ciudadanos, titulares y suplentes, prestarán juramento y les recordarán las instrucciones básicas que deberán seguir durante el debate. Por cumplir su labor, los jurados recibirán una dieta (pago) de hasta dos jus diarios, equivalentes a una suma de 640 pesos.

“Ahora el juez va a ser el organizador del juicio. Solamente van a preguntar las partes y yo tengo que estar atento a que no se diga nada irrespetuoso y que se filme todo el juicio, porque eso es lo único que va a quedar documentado para eventuales apelaciones”, explicó Pont Vergés.

Aclaró que los jurados “no pueden tener contacto ni con el juez ni con el público ni con los periodistas”.

En cada cuarto intermedio tendrán que permanecer dentro de la sala de audiencia. El presidente del cuerpo de jurados será elegido entre ellos mismos, por mayoría simple; de no lograrse la mayoría, el cargo será para el de mayor edad.

Se estima que el juicio se extenderá por tres jornadas, al término de las cuales los jurados podrán regresar a sus domicilios, pero antes “tienen que asumir el firme compromiso de no hablar con nadie del caso”, puntualizó Pont Vergés. Recalcó que confían “en la buena fe de las personas”. Los ciudadanos elegidos sólo podrán hablar entre ellos cuando pasen a deliberar para dar el veredicto. Antes de esa instancia crucial recibirán un instructivo y les explicarán cuestiones relacionadas con la valoración de la prueba. También se les dirá que, en caso de duda, el favorecido siempre es el acusado.

Los jurados intervendrán en casos cuya pena sea mayor a 15 años, como homicidios, violaciones y robos agravados. El veredicto de culpabilidad requerirá, como mínimo, diez de los doce votos posibles. Lo que deben determinar los jurados es si el hecho ocurrió y si el imputado es responsable o no de lo sucedido. Si el jurado lo declara culpable, el monto de la pena la fijará el juez coordinador. Para dictar una cadena perpetua, los doce jurados tienen que haber visto al imputado responsable del delito que se está juzgando.

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