El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, alcaide mayor Ricardo Casal, montó un apurado show publicitario para defender un modelo de gestión policial y penitenciario agotado, que en pocos días produjo dos episodios tremendos, con sendos asesinatos de hombres pobres jóvenes: el asesinato de un pibe en Florencio Varela por una organización de narcos con protección policial y la muerte a golpes y patadas por funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense de un joven detenido en la cárcel de San Martín. Ambos fueron esclarecidos con la injerencia del gobierno nacional, junto con organizaciones de Derechos Humanos y/o de militancia política y barrial, y señalan un modelo distinto de gestión que cuestiona en la práctica a Casal. La apuesta del ministro es que los crecientes niveles de violencia extra e intramuros generen adhesión en otros sectores de la sociedad, asustados por la psicosis de la inseguridad y tolerantes con cualquier medida de discriminación represiva contra la población penitenciaria o la de los barrios humildes de los que proviene ese ganado humano.

Con Z de zonzo

Ambos casos coincidieron con el tercer aniversario de la desa-parición de Luciano Arruga y el primero de los asesinatos cometidos en José León Suárez, siempre por personal de la bonaerense. Casal obstruyó la investigación sobre Arruga, al retacear el uso del único geo-radar del país en un terreno en el que se presumía estaba sepultado Arruga y sobre el que avanzaba la construcción de un edificio. También inventó una versión fantástica sobre una banda criminal que habría hecho descarrilar el tren en José León Suárez para saquearlo. El viernes, Scioli dijo que los asesinos habían sido “dos policías irresponsables”, lo cual implica desconocer la cadena de responsabilidades que según la investigación del CELS alcanza por lo menos a sus superiores que programaron y coordinaron la agresión y luego falsearon los hechos para encubrir lo sucedido. Entre ellos están los comisarios Mario Briceño y José Antonio Cortez, ambos confirmados y el primero ascendido por Casal.

El mismo patrón de falseamiento de los hechos se propuso ahora, en Florencio Varela y en la cárcel de San Martín, pero la participación federal se lo impidió. Apeló entonces al segundo capítulo del manual. Cada vez que queda en evidencia la vinculación de funcionarios policiales o penitenciarios con redes delictivas, Casal recurre para taparlas a otras formas de ilegalidad, de mayor consenso social. Centenares de efectivos caen de madrugada sobre un barrio popular, allanan domicilios con o sin orden judicial, rompen puertas y muebles, maltratan a mujeres y niños, detienen a decenas de personas por averiguación de identidad, con lo que complican su situación laboral, y hasta colocan armas y sustancias estupefacientes, que luego se presentan como decomisados en el megaoperativo. Esta vieja práctica policial de “hacer estadística”, inflando números de cualquier manera, ha sido elevada a la categoría de instrumento político. Esto fue evidente este jueves, cuando además de acompañar a Casal en la revista de las armas y vehículos secuestrados y anunciar un nuevo golpe contra la droga y el crimen organizado, Scioli inauguró las refacciones de un polideportivo, entregó equipamiento médico y escrituras de viviendas, y firmó créditos para diversas obras. Los casos imaginarios más recientes ocurrieron en diciembre, cuando el gobierno provincial anunció que había secuestrado el mayor cargamento de cocaína de la historia y detenido al segundo jefe del cartel mexicano de Los Zeta. En realidad se trató del bluff más grande de la historia y las únicas Z son las del zonzo que pensó que semejante invento podría pasar sin consecuencias. La comunidad de inteligencia nacional e internacional no tenía registrado a ese presunto jefe de la organización más observada, no había pedidos de captura vía Interpol, ni actuaciones previas de la bonaerense sobre él. Una agencia estadounidense envió una delegación a la Argentina para verificar de qué se trataba. El tema fue sepultado en el olvido y el comisario general Roberto Castronuovo, que había sobrevivido al caso Candela pese al involucramiento de uno de sus confidentes, perdió su lugar en Investigaciones.

La muerte de El Pelado

El 11 de diciembre, Santiago Mont invitó a subir a su auto para tomar unas cervezas a Carlos Gabriel Fretes, El Pelado, de 22 años. Ambos eran vecinos en el barrio Agustín Ramírez, de Florencio Varela, que surgió hace casi veinte años de una larga lucha popular por la tierra. El cuerpo del Pelado apareció al día siguiente en un descampado de Longchamps, con signos de crueles torturas, tajeado, quemado y con la cabeza partida con una mole de concreto. Una organización ejemplar de la zona, el Centro Angelelli, que edita un periódico, prepara una radio y organiza una red de centros comunitarios en los distintos barrios de Varela, atribuye el crimen a una organización de narcos, con protección policial y ramificaciones políticas. El abogado del Centro Angelelli, José Luis Callegari, conocía al hermano mayor del Pelado, el militante social Lisandro Fretes, de 28 años. Montt era el lugarteniente del capo de la red de comercialización de estupefacientes, el puntero político Américo Claudio Mena, quien también controlaba varias cocinas en comercios del barrio. Luego de una detención por homicidio, Mena llegó desde Lanús, donde su referente político fue Manuel Quindimil. Mena y Montt viven calle de por medio, en las únicas casas ostentosas de un barrio cuya única necesidad satisfecha es tener un nombre. Los autos y camionetas de lujo con hombres mayores bien vestidos y adolescentes pobres superproducidas son los indicios ostensibles de la venta de drogas y la prostitución infantil, que constituyen el ominoso horizonte de la juventud. Nadie puede entrar ni salir del barrio sin conocimiento de la comisaría 2ª de Varela, cuyo jefe llevaba allí 14 años, algo imposible sin un acuerdo extralegal. Mena, quien disputó la conducción de una asociación vecinal, a través de la cual se vinculó con el Director de Integración Comunitaria, Jorge Roldán, acusaba al Pelado por un robo de dinero y drogas de su casa. Cinco meses antes habían tenido un incidente en la calle: Mena le pegó, le reprochó haber dicho que era un narco y dijo que había querido robarle un camión. Callegari puso el caso en conocimiento del CELS. En varias reuniones con vecinos, dos de sus directores, Paula Litvachky y Diego Morales, reconstruyeron los hechos. La clave fue Lisandro Fretes, quien se reconoce como heredero de las luchas por la tierra que protagonizó su padre. Lisandro recorrió casa por casa del barrio en busca de testimonios y logró hablar incluso con los pibes y las chicas que estaban en la casa de Montt, cuando torturaron al Pelado para que confesara una delación que negaba haber cometido. Varios testigos contaron que la noche siguiente al homicidio policías de la 2ª retiraron bultos de la casa de Mena durante un apagón que duró 15 minutos y los llevaron a la comisaría, en autos del dueño de casa que hicieron conducir a pibes del barrio. Allí esperaba Mena antes de fugarse. También hubo un intento de prender fuego a ambas casas. Junto con vecinos indignados, participaron desconocidos. La fiscal de Lomas de Zamora, Mariana Monti, había ordenado custodiar la casa de Montt, donde mataron al Pelado, pero la policía la desguarneció. Lisandro Fretes contuvo a sus conocidos y los organizó para que impidieran que en el tumulto alguien contaminara pruebas del crimen. Esta historia fue narrada por sus protagonistas al vecino más famoso de la zona, el flamante vicegobernador Gabriel Mariotto, quien visitó la humilde casa de los Fretes en enero. Llegó junto con los senadores Cristina Fioramonti de Kunkel, Santiago Carreras (de La Cámpora) y Sergio Berni y los representantes del Centro Angelelli y del CELS. El intendente Julio Pereyra había recibido a la familia Fretes pero sin permitir que ingresaran los abogados del CELS ni del Centro Angelelli. Pereyra ofreció una reunión con el comisario de la 2ª, pero Lisandro la rechazó. Se refirió a los problemas que tuvieron con la policía todos los vecinos que denunciaron a Mena, al nulo resultado de todos los allanamientos, al funcionamiento de varios bares para la venta de drogas que nunca fueron molestados por la 2ª y a los pedidos de coima denunciados por 18 comerciantes. Inquieto desde el comienzo, Pereyra llamó entonces al jefe distrital de la policía de seguridad y dijo que si en esa instancia no se resolvía el caso, él hablaría con el gobernador. Prometió iniciarle un sumario a Roldán y se quejó de que nadie le había informado de sus relaciones con Mena ni de las prácticas de la comisaría 2ª. Una vez que Pereyra se retiró, el Secretario de Gobierno recibió la información sobre las necesidades edilicias y de iluminación de los barrios que le transmitieron Fretes y Callegari. Sabía que el CELS había pedido a Mariotto que recibiera a la familia. “El caso es grave y justifica una amplia intervención política”, le respondió Diego Morales. Después de escuchar a Fretes, Mariotto reclamó la intervención de la comisaría 2ª, de la que ya había sido relevado el jefe de calle, Leonardo Druille. El subcomisario, Tomás Rudakoff, había atribuido el asesinato a una pelea entre bandas de narcos. El subsecretario Operativo de Seguridad, Emiliano Baloira, le dijo que sólo dejaría al comisario Roberto Alvarez Damelio, hasta que negociara la entrega del prófugo Mena.

–Ninguna negociación o lo hago público –le respondió Mariotto.

En ausencia de Casal, de vacaciones, Baloira lo consultó con Scioli, quien le ordenó acatar las indicaciones de Mariotto. La comisaría fue intervenida y todo su personal relevado. El vicegobernador hizo algo más: solicitó a Nilda Garré cooperación federal para hallar a los prófugos. Con la información provista por la Gendarmería, que también proveyó en forma transitoria seguridad al barrio, Mena y Montt fueron detenidos en un par de días. Santiago Montt, asistido como defensora por Mariana Pagani, una abogada próxima a Casal, declaró que al Pelado lo mató Mena. Acaso la fiscal Monti avance sobre Roldán más de prisa que el sumariante municipal. La visita pública de Mariotto y Sergio Berni a Nilda Garré el jueves 26 de enero fue para agradecer el apoyo de Gendarmería que completó la resolución del caso. Pero no sólo. Lo sucedido en Varela marca un modelo de intervención territorial que podría replicarse en otros lugares del conurbano.

Diez a uno

Nada será simple, sin embargo. Dos días después, el sábado 28 de enero, una decena de penitenciarios asesinaron a puñetazos y patadas a Patricio Jonathan Barros Cisneros, de 26 años, detenido en la Unidad 46, del sórdido complejo penitenciario de San Martín. Su hermano Diego denunció el año pasado que el personal del SPB sacaba a los detenidos a robar para ellos. En el horario de visitas comenzaron a golpear a Patricio en el patio, a la vista de otros presos y de su propia esposa, Alejandra Gisela González, de 18 años, embarazada. Estaba enojado porque no les permitieron verse en un sitio con mínima privacidad y no ante todos. La piba, que tuvo que aguardar cuatro horas antes de que le permitieran ingresar, fue forzada a salir a la calle y poco después le informaron que su esposo se había suicidado. El prefecto mayor Leonardo Jorge Dziata escribió en el parte oficial que Barros Cisneros esgrimió “un elemento punzante”, mientras le gritaba el encargado:

–Dame visita en una de las celdas porque te voy a cagar a puñaladas.

Según la historia oficial, Barros intentó tomar como rehén al adjutor Rodrigo Chaparro quien “procedió a entablar un diálogo” para que “depusiera su actitud hostil”. Como no lo consiguió, “tuvo que utilizar la fuerza mínima e indispensable”. Esto lo enardeció contra el personal que, para controlar la situación, “tuvo que utilizar elementos de sujeción (esposas) y gas pimienta (PPQ)”. Aun así, “una vez reducido”, Barros “logra zafarse” y, “sin mediar motivo alguno, comienza a golpear su cabeza fuertemente contra la rejas para luego caer pesadamente contra el suelo”. También firman el parte tres detenidos que realizaban tareas de limpieza, peluquería y cocina.

La autopsia desmiente la pretensión del suicidio: Barros tenía más de treinta golpes en el cráneo y el rostro, con hundimiento del globo ocular izquierdo y decenas de lesiones en brazos y piernas, “compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque”. Según el médico penitenciario Federico Woodgate la muerte de Barros obedeció a un “paro cardiorrespiratorio”. Esto equivale a decir que está muerto porque se murió, ya que cuando alguien muere por cualquier causa su corazón se detiene y su respiración cesa. Woodgate deja las generalidades y se torna minucioso cuando describe las heridas punzocortantes y las escoriaciones en detalladas partes del cuerpo de Chaparro.

Los familiares que visitaban a otros detenidos llamaron al secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, quien fue a la cárcel. Volvió el lunes con el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que todos los años publica un minucioso informe sobre la situación en las cárceles bonaerenses, y el CELS. De las 120 personas privadas de su libertad que entrevistaron, ni una aceptó la versión oficial. Dijeron que el lugar estaba repleto de penitenciarios, que se entrenan con pesas en la propia unidad, y que portaban escopetas, por lo que era inimaginable una agresión allí. Pero todos tenían terror de declarar. Aquellos que habían provisto la coartada al Servicio, el encargado de limpieza Martín José Matilla, el cocinero del Casino de Suboficiales Mario Pandianni y el peluquero Victoriano Acosta, fueron amenazados de muerte por los penitenciarios si se retractaban. Casolati pidió hablar a solas con el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones 1 de San Martín, Carlos Insaurralde.

–Hablemos aquí en el patio –le respondió.

–Hay mucha gente que puede escuchar. Tengo elementos sobre una muerte, que involucran al personal –insistió el defensor.

–No me interesa, y no se qué hace usted aquí –lo cortó.

Tampoco se interesó por el caso el Director de Población del Ministerio, Alejandro Santecchia, quien estaba de recorrida por la unidad al mismo tiempo que la delegación del CELS y de la CPM. Santecchia era acompañado por las autoridades pero no entrevistó a los detenidos ni ingresó a Sanidad. Roberto Cipriano, del Comité contra la Tortura, vio allí a un hombre que se tapaba una traqueotomía con un dedo. La socióloga Anabella Museri, del CELS, observó a un carancho devorar una rata. En un pabellón con nueve celdas, de cuatro camas marineras cada una, había 67 detenidos que, en muchos casos, pasan 23 horas por día encerrados. Vieron un hombre con el cuerpo cubierto de forúnculos por la contaminación del agua y otro con dos dedos deformados por los golpes del SPB y la falta de atención médica. A un tercero le faltaba un brazo y estaba cubierto de pus. Varias cucarachas se treparon a los visitantes. El olor insoportable del basural también es inhumano para el personal penitenciario. La reja no había sido resguardada y del piso donde Barros cayó fueron lavadas las manchas de sangre.

En su oficio a la UFI 1, Casolati narró que cuando Barros cayó, le patearon la cabeza y los testículos gritando:

–Aquí mandamos nosotros.

A solicitud del CELS, la ministra de Seguridad federal, Nilda Garré, dispuso trasladar a los tres testigos amenazados por el SPB a la sede de Gendarmería. Garantizada así su vida, los tres contaron la verdad al fiscal Insaurralde:

–Por favor, no me peguen más, está mi familia allí –llegó a decir Barros.

–Ahora pedí por favor –le contestaron y siguieron golpeándolo hasta que quedó inmóvil. También dijeron que:

– Barros nunca se golpeó con la reja ni empuñó una faca, la arrojaron junto a su cuerpo cuando ya lo habían matado.

– Chaparro la usó para autolesionarse.

– Cuando Barros estaba caído boca arriba, enceguecido y ahogado por el gas pimienta, sangrando y con las manos esposadas a la espalda, el agente Benítez lo tomó del cuello para estrangularlo.

– El guardiacárcel Luna saltó varias veces sobre su pecho, otro al que llaman El Gallego le pateó los genitales y el oficial Mario le cacheteó la cara. Varios le patearon la cabeza. En total participaron del asesinato diez u once, entre ellos uno a quien conocen como Chino o Ken. “Era un tumulto de guardias”.

– Un oficial Silva les hizo firmar un parte que no pudieron leer y les dijo que cuando les preguntaran dijeran que después de amenazar al personal con una faca se golpeó contra la reja.

Recién entonces, Casal puso en disponibilidad a sus camaradas penitenciarios, recibió a la familia de Barros, bajó del helicóptero en la cancha de Racing y anunció con Scioli un nuevo Operativo Distracción.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-186938-2012-02-05.html