En la columna editorial de todos los lunes, La Arena Jorgista, los temas centrales de la semana que pasó: el planteo de la Defensoría para que un niño de 3 años fuera sacado de la U-13 y el hacinamiento en los centros de detención de la provincia.
Una de cal…
Un nene de 3 años fue dejado a salvo de los pesares de estar encerrado en el sistema carcelario, a partir de un planteo de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, luego de que se detectara su irregular presencia en el ámbito de la Unidad 13, adonde había sido alojado a partir de que un juez federal de Morón lo enviara a ese sitio con la excusa de “protegerlo”.
La única razón por la que el chico fue confinado en un pabellón de esa unidad carcelaria es que su madre estaba alojada en el lugar, detenida en el marco de una causa por la violación de la Ley de Drogas y pese a que trascendió que no se trataría de un delito de gravedad.
El chico, de ese modo, no tenía garantizados derechos elementales, puesto que tal como consideró el defensor Juan Pablo Meaca “la permanencia de los niños en establecimientos carcelarios importa una afectación severa a su libertad, su desarrollo pleno, dignidad, integridad psíquica y moral, su vida privada e intimidad, salud, su derecho al medio ambiente, y a estar en contacto libremente y a jugar con otros niños, entre otras cosas”.
El juez que ordenó el alojamiento del chico no hizo intervenir a organismos especializados ni consultó con autoridades que pudieran orientarlo, por lo que su actuación también será evaluada en el Consejo de la Magistratura.
Aunque analizando un caso de este tipo rápidamente y desde el sentido común puede considerarse a primera vista lo positivo de que esté en contacto con su madre, lo cierto es que deben tomarse en cuenta cuestiones más profundas y atender las sugerencias de profesionales en distintas áreas, que advierten sobre la inconveniencia de una relación de este tipo, en la que el chico está sometido a maltratos y distintas formas de violencia.
También es curioso que no se haya aplicado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que sugiere que toda detenida que es madre de una persona menor de 5 años pueda acceder a la prisión domiciliaria para garantizar un mejor vínculo con su hijo o hija, y que no se convierta en otra víctima: no se conoce la razón por la que en este episodio no se aplicó esa indicación.
Un caso de este tipo es inédito en la provincia, al menos de un modo tal que permitiera el debate público sobre el tema.
Como perla de esa cuestión de fondo, también se hizo público un detalle accesorio aunque no menor: la Defensoría, quizá en afán de transparentar su actuación, publicó en su página de Facebook la resolución completa que determinó sacar al chico de la cárcel, y en ese texto de alguna manera se lo identificó, puesto que se pusieron sus iniciales y durante algunas horas también el nombre completo de su madre, de la que además se informó que padecía HIV.
Se trató de al menos un error por parte de un organismo que necesariamente debe estar atento a ese tipo de cuestiones, puesto que su tarea es justamente defender a los niños, y mantener en reserva su identidad resulta en algunos casos el primer paso para esa protección.
De la misma manera, es saludable la admisión de la equivocación y haber enmendado el error, sobre todo frente a una opinión pública muchas veces expuesta a la hipocresía de los propios medios de comunicación que en tono de denuncia cuestionan lo actuado en esta materia por los funcionarios, pero que en sus propias páginas incurren en el mismo vicio de manera sistemática: en este caso puntual, fueron algunos medios -y no organismos oficiales- los que identificaron a la mujer de 20 años que es madre del chico, sin que después se conociera algún tipo de reconocimiento.
…y una de arena
La situación de hacinamiento y maltrato de los detenidos en comisarías locales que dependen del Gobierno Provincial fue revelada una vez más en el seno del Poder Judicial, a partir del planteo formulado por la Defensoría General, y sin que se note por parte de los organismos oficiales una actividad diligente que tienda a enmendar la situación y a garantizar los derechos de quienes ya suficiente castigo tienen con el hecho de estar privados de su libertad.
A la cola de una ola de manodurismo que se extiende en distintos sectores de la comunidad -a su vez estimulada por una suerte de psicosis que se genera tanto desde ciertos medios de comunicación como desde espacios políticos o algunas instituciones oficiales- resulta evidente el destrato al que son sometidas aquellas personas que incurrieron en algún delito.
La situación en nuestra provincia es de una gravedad inédita y alarmante: los conocedores de ese estado de cosas advierten que las condiciones de detención empeorarán sensiblemente si se mantiene el actual nivel de aplicación de prisiones preventivas, que derivará en una superpoblación todavía peor.
El defensor general, Eduardo Aguirre, en el planteo en el que revela que en la Seccional Segunda de Santa Rosa alojaron al doble de presos que los que corresponden, acusó además a las autoridades de incumplir un fallo judicial.
Ocurre en un contexto en el que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad aparece alineado con el Servicio Penitenciario Federal en otra discusión que se trasladó al ámbito tribunalicio, y que es la que se generó a partir de la orden de que los presos pampeanos detenidos en penales de otros puntos del país fueran alojados en cárceles de nuestra región.
La situación es de inusitada gravedad: las mismas celdas que el Poder Judicial ordenó clausurar cuando se comprobaron las condiciones infrahumanas que padecían los detenidos, fueron utilizadas otra vez para amontonar personas.
El panorama desnuda la necesidad de adoptar políticas de Estado para abordar la problemática, en la que los principales actores se permitan al menos la discusión de las cuestiones de fondo.
Al mismo tiempo, esta realidad revela la ausencia de políticas criminales serias y conducentes, en un contexto en el que resultan más sencillas las definiciones demagógicas que la búsqueda de soluciones concretas a problemas puntuales, que a su vez son consecuencia de la aplicación de determinadas herramientas y de la ignorancia de salidas alternativas.
El poder político y el Poder Judicial se deben un debate sensato sobre el tema, apuntando a tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo, aunque el momento -un largo año electoral- posiblemente no sea el mejor.
Así y todo, es necesario revisar la actual perspectiva: la puesta en marcha del nuevo código, la presión social y política para evitar las excarcelaciones y la resistencia a buscar alternativas a la prisión son, en cóctel, algunas de las variables que han diseñado un escenario complejo y conflictivo, en el que no se respetan los Derechos Humanos y además se ignoran las órdenes judiciales.
