El segundo día del juicio político al juez Axel López deparó más sorpresas que las que había desatado el lunes, cuando la parte demandante abrió su acusación reconociendo que López había cumplido con la ley. Ayer, el principal testigo de la querella se transformó, por efecto de las preguntas in situ, en el principal testigo de la defensa. Se trata del secretario de fiscalía Jorge Andrades, quien como fiscal subrogante había desistido de apelar la libertad condicional de Juan Cabeza, dispuesta por López. Las presiones político-mediáticas lograron en aquel momento (2012) el curioso efecto de que el responsable de no apelar diluyera su responsabilidad ante las denuncias y las cargara el juez pese a “haber cumplido con la ley”. Ahora, como la parábola de un boomerang, las dudas de Andrades le golpearon la cabeza. Desvió sus respuestas cuando le preguntaron el motivo por el que había desistido de apelar, bordeó el falso testimonio y terminó reconociendo que no apeló, porque “todas las salas de Casación excepto una siempre rechazan mis apelaciones”. Para sorpresa, otros dos testigos de la acusación, dos médicos del SPF del Chaco, resistieron sólidamente todas las preguntas de quienes los habían convocado. Antes, Paula Litvachky, en representación del CELS, sostuvo la peligrosidad de acusar a un juez por cumplir con la ley.
Ayer, Zaffaroni no participó de la defensa. Debió ausentarse porque integró un panel sobre política pospenitenciaria (ver aparte), tema muy vinculado con la temática irresuelta que se pone de manifiesto en este jury. A Axel López lo asistieron Federico Paruolo y Adrián Albor. Del lado de la demanda, siguieron el juez laboralista de Lanús, Jorge Candis, y el diputado (UCR) por Corrientes Gustavo Valdés.
La audiencia la abrió Paula Litvachky, del CELS, quien fundamentó los motivos por los que la ONG de derechos humanos había participado en la nota de expertos dirigida al tribunal y en la que señalaban la “profunda preocupación” que sufrían ante un juicio en el que se acusaba a un juez por cumplir la ley.
La siguió el testigo principal de la querella, Jorge Andrades. Aunque el secretario de una fiscalía de Ejecución, en 2012, cuando ocurrió el crimen de Tatiana Kolodziey, hacía las veces de fiscal porque la titularidad estaba vacante. En su momento se inscribió al concurso, pero no se presentó. Finalmente, fue mudado a la UFI Renar. Siempre como secretario.
Lo que más interesó a la defensa fue saber por qué había desestimado de hacer la apelación, si es que estaba de acuerdo en los considerandos de López, o por algún otro motivo. La respuesta sorprendió: dijo que cuando había sido notificado por López sobre la condicional, Cabeza ya había sido detenido nuevamente por el crimen de Tatiana Kolodziey, con lo que no tenía sentido apelar. “Tengo a la vista la notificación con la sentencia de Axel López. Usted fue notificado casi un mes antes de la nueva detención de Cabeza”, intervino Mario Reynaldi, presidente del Tribunal de Enjuiciamiento. “Bueno… –balbuceó Andrades–, contando los días hábiles da.” Pero no daba: López dispuso la condicional de Cabeza el 26 de septiembre y Andrades fue notificado el 28, con lo que tenía tiempo de apelar hasta el 16 de octubre. El crimen de Kolodziey recién se cometió el 20, es decir que cuando se venció la posibilidad de apelar Cabeza aún no estaba detenido.
“¿Por qué no apeló?”, insistió la pregunta, ahora desde el Tribunal. Andrades, muy nervioso, respondió que nunca apelaba porque “en esos casos la Cámara de Casación siempre me decía que no, me decía que era extemporáneo”. “¿A qué sala se refiere?”, preguntaron cada vez más sorprendidos los jueces. Andrades respondió que, de las cuatro salas, sólo una coincidía en sus criterios, “la Sala III”. “No apelaba para evitar un dispendio jurisdiccional innecesario”, sostuvo. Le repreguntaron entonces si el resto de las salas coincidía con el criterio de Axel López y respondió que sí. La lógica jurídica debiera indicar que, si tres de cuatro salas, doce camaristas, están de acuerdo con el criterio de López, que recaiga en él la responsabilidad de la condicional es algo demasiado. Pero, para que se cumpla, no debiera pesar la lógica mediática.
Reconoció, refunfuñando, que Cabeza había cumplido los requerimientos para la condicional y que, si el juez no cumplía otorgándosela, lo podían acusar de prevaricato.
Y reconoció que había estado de acuerdo en que en 2008 le concedieran las salidas transitorias. “No es lo mismo que salga unos días a que tenga libertad plena.” Una curiosidad: si la condicional hubiera sido interrumpida, como las transitorias estaban aceptadas por Andrades, el crimen hubiera ocurrido de todas maneras, ya que ocurrió un sábado, cuando Cabeza cumplía sus salidas.
Por último, dos médicos del SPF, Edgardo Carbajal y Nilda Ayala. El primero sostuvo que había recomendado que, de salir, Cabeza debía asistir a un tratamiento psicológico, tal como lo pidió Axel López; y Ayala, jefa del servicio criminológico del penal, quien dijo que Cabeza estaba en condiciones de salir y que durante los quince años que había estado en el penal no se habían producido reincidencias de agresores sexuales egresados de ese penal.
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