Está convencida de que la investigación judicial penal es el gran agujero negro que no permite superar la impunidad. «El sistema realmente no funciona».
Así de tajante y sincera fue la jueza Angela Ledesma, de la Cámara Nacional de Casación Penal. La magistrada visitó ayer la provincia para brindar una conferencia sobre «Reforma de los sistemas procesales de persecución penal», en el marco de las Jornadas del Noroeste sobre Seguridad y Democracia, que culminaron ayer.
«El fuero penal está en una verdadera crisis. Según un estudio realizado en 2003, del total de las causas que ingresaron en el país al fuero penal federal, el 52% tiene autores desconocidos, el 4,6 % llega a juicio y el 2,4 % consigue sentencia definitiva», detalló la letrada.
Según Ledesma, el principal problema de esta crisis se basa en que no se sabe quién investiga los casos y muchas veces las pesquisas se superponen. «Sigue siendo la Policía la que hace lo que puede y sin conexión con los fiscales, cuando son estos los que deberían dirigir las pesquisas y ser los verdaderos jefes», remarcó.

Sin espacios para víctimas
Criticó, además, que los fiscales no tengan espacios para escuchar a las víctimas y a la sociedad. «Necesitamos que asuman su rol de parte y que representen a los ciudadanos», expresó.
Por otro lado, cuestionó la falta de separación de la Policía. «Cualquiera puede investigar, cuando debería haber una especialización», dijo. Apuntó que en los expedientes, el 90 % de los papeles es inservible y demora la resolución de la causa. «Todos estos detalles inciden en que cuando llegamos a juicio, se hayan perdido muchas pruebas», dijo.
Como posible solución, propuso una reforma de los sistemas procesales que permita que se seleccione cuáles son los casos que necesariamente deben ser llevados a juicio.
«No todo tiene que ser juzgado, porque en este caso vemos que un poco más de un 2 % de las causas tiene sentencia final. Quiere decir que el sistema no sirve y debe cambiarse.
Es necesario debatir en todo el país si los delitos menores deben estar comprendidos en leyes de contravenciones o ser resueltos en sistemas como de mediación penal. En la Justicia, hay que ser más permeables y menos formales», concluyó la jueza.