En la medianoche, después de llamadas telefónicas, prontos despachos, recursos in pauperis varios y dos pedidos de hábeas corpus, Diego Cabrera recorría los metros finales del pasillo central de la cárcel de Coronda. Detrás de la puerta lo esperaba su familia, que se había instalado en la calle desde el viernes, cuando se hizo pública la anulación de su condena. Habían pasado cinco años desde el instante fatal en que ingresó en el Tribunal de Menores. Durante esos años fue leído, descifrado, encerrado, encadenado, torturado, objetivado y desterrado hasta convertirse en sólo otro número de un expediente perdido en los anaqueles judiciales santafesinos. Sin embargo, para que alguien recordara la existencia de su abominable condena a perpetua, por un supuesto crimen cometido cuando era menor de edad, tuvo que llegar la noticia a manos de la prensa nacional y a la Corte Federal. Así, el estallido publicitario obligó a la Corte provincial a entrar en escena pública para disimular la sucesión de abusos, errores y omisiones que, este caso como en tantos otros, corroen la legitimidad del Poder Judicial santafesino (Carlos, Fraticcelli/Graciela, Disser y Godoy, Rubén). Quizá por eso, con la vergüenza del remordimiento, buscaron comunicar con su fallo un repentino y apreciable interés por esa innominable condena. Una condena tan absurda como ilegal que desde tiempo atrás veníamos denunciando junto con la Defensoría General de la Nación. Por eso, para evitar que se pueda mentir sin vacilación ni vergüenza, nos vemos obligados a golpear con violencia los bordes de esos dibujos trazantes, que los cortesanos dispararon sobre el imaginario colectivo con el único afán de glorificar una acción tardía e inconsistente. Lo cierto es que esa decisión fue arrebatada por las circunstancias de la publicidad. No existe en ella ninguna mención al abandono al que lo sometió su defensa durante años, ni que su reclamo justo tuvo siempre que hacerlo a título personal. Sólo buscaron esconder con palabras de ocasión la realidad para autoproclamarse como infatigables custodios de las garantías constitucionales de los santafesinos. Por eso, la anulación de la condena continuó obligando a Cabrera y a su familia a seguir pidiendo a golpes su libertad sin asistencia legal hasta bien entrada la siesta de un caluroso sábado santafesino. De todas maneras, lo que sí hizo la Corte fue persistir en la negación de Diego Cabrera como persona. Lo negaron, como siempre, para encubrir la desidia que por años mostraron sus defensores, Carlos Morales y Silvia Siri de Zingaretti, defensora de Cámaras y secretaria de la Mesa Directiva del Nacional de Movimiento de Cursillos de la Cristiandad. Así, con precisa causalidad, omitieron en su fallo referir que la memoria sobre la existencia de Cabrera, sus defensores sólo la recuperaron después del rechazo por abstracto el hábeas corpus que el 27 de septiembre presentamos para lograr la anulación y la revisión de su condena. Tampoco dijeron nada respecto del escrito carente de fundamentos que Morales presentó ante el Juzgado de Ejecución de Coronda. Pedido que obligó otra vez a Diego Cabrera a pedir su revisión y libertad in pauperis. Naturalmente, en la inteligencia de la negación, la Corte prefirió su autoconsagración, evitando nuevamente decir que la intervención de la defensora de Cámaras, Siri, fue requerida por la propia Corte el día 5 de octubre para que coloque los fundamentos de recurso que por su propio derecho había interpuesto Cabrera. También ocultó que el 17 de octubre, ante un pronunciado silencio cortesano, nuevamente el propio pidió el pronto despacho y que tuvo que recurrir por denegación de Justicia ante la Corte Suprema Nacional el 23 de octubre.

* Defensor provincial de Santa Fe.

fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/207140-61060-2012-11-05.html