El Ministerio del Interior centralizará todas las escuchas telefónicas en una sola unidad policial, la cual será auditada por el Poder Judicial.

Operadores judiciales plantearon que todas las reparticiones de la Policía efectuaban intervenciones telefónicas sin ningún control administrativo sobre las mismas.

El ministro interino de Interior, Jorge Vázquez, dijo a El País que «es viable» instrumentar una medida de control a las intervenciones de teléfonos. «Creemos que para darle mayor garantía a todo el mundo debemos centralizar en una unidad sola las escuchas telefónicas, con auditoría del Poder Judicial», señaló.

Según Vázquez, de esa manera «todo el mundo sabrá que hay cristalinidad absoluta y qué es lo que se está haciendo. Además se podrá saber a quién y qué se está escuchando».

El jerarca ministerial señaló que las intervenciones telefónicas son autorizadas por la Justicia Penal. «Nosotros nos ajustamos a la normativa. La Policía no hace escuchas que no estén debidamente avaladas por el Poder Judicial», indicó. Agregó que los resultados de las escuchas son entregados al magistrado de la causa.

El 28 de octubre de este año, en un seminario organizado por la Asociación de Magistrados realizado en Treinta y Tres, el juez Penal Luis Charles dijo que la confesión «está jaqueada» como reina de las pruebas.

«Esta jaqueada por la intervención telefónica», añadió.

El magistrado indicó: «más sencillo que un interrogatorio con los avatares del mismo, es intervenir un teléfono. Pero también es más peligroso porque hay que tener cuidado al respecto porque se afecta el derecho a la intimidad y convertimos en un Gran Hermano».

El fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez indicó que la escucha telefónica «es un medio probatorio necesario» pero que debe ser utilizado «con prudencia».

El abogado Juan Fagúndez dijo que se debe tener «cuidado» con las interpretaciones que se le hacen a las escuchas y advirtió que tiene como cliente a un aduanero que fue procesado por corrupción en base a una interceptación telefónica como única prueba.

El abogado Gonzalo Aires señaló que la Policía realiza escuchas telefónicas «en forma indiscriminada» sin la debida autorización judicial.

Vázquez defendió el mecanismo de las escuchas telefónicas porque estas permitieron encarcelar a narcos internacionales y a delincuentes de guante blanco que incurrieron en lavado de dinero. «Si empezamos a bajar la guardia y cuestionar una herramienta válida, dentro de un tiempo a Uruguay le puede ir mal», advirtió.

Recordó que la Policía no puede tener acceso a las escuchas telefónicos si las empresas no habilitan los canales y agregó que estas exigen, como paso previo, la autorización judicial.