Una comisión especial creada por el Poder Ejecutivo entregó el viernes pasado al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, el anteproyecto de Código Penal Juvenil, que crea un sistema especial para juzgar a los menores desde los 13 años que cometen infracciones, pero por fuera del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA).
El proyecto, en base a un criterio de proporcionalidad con las penas del Código Penal de adultos, plantea llevar a 10 años el máximo de internación para los menores que cometen infracciones gravísimas, duplicando así el tope actual del CNA, que es de cinco años.
El agravamiento de las sanciones se aplicará a los menores de entre 15 y 17 años que cometan infracciones gravísimas (homicidio, violación, rapiña y copamiento).
Y tomando en cuenta que el Código Penal prevé una pena máxima de 30 años para el homicidio muy especialmente agravado, a los adolescentes acusados por ese ilícito los jueces podrán imponerles hasta 10 años, ya que el proyecto plantea tomar un tercio de la pena de adultos.
En los casos de infracciones gravísimas cometidas por menores de entre 13 y 15 años los jueces podrán aplicar sanciones de hasta un sexto de las penas más elevadas que existen para los adultos, por lo que en este caso no se modificará el tope de cinco años que ya establece el CNA.
El proyecto de Código Penal Juvenil causó sorpresa entre las organizaciones sociales que trabajan en la problemática de la minoridad infractora, ya que alertan que la iniciativa viola acuerdos internacionales firmados por Uruguay.
«Esto viola el principio de no regresividad de los tratados internacionales, porque cuando se firman acuerdos en alguna materia un país no puede legislar por encima de eso», indicó a El País el abogado Juan Fumeiro, coordinador del área de justicia penal juvenil del Comité de los Derechos del Niño.
Fumeiro dijo que la iniciativa «va en contra» de lo que sostienen el Comité de los Derechos del Niño de ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que el derecho penal juvenil debe ser siempre «mínimo».
Por otro lado, el experto lamentó que el Comité de los Derechos del Niño no fue consultado por la comisión que redactó el proyecto de Código Penal Juvenil. «La sociedad civil debió ser tenida en cuenta para hacer sus aportes. Nosotros tenemos gente capacitada y especializada pero no fuimos convocados», se quejó Fumeiro.
En tanto, el abogado Luis Pedernera, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), dijo que las organizaciones civiles esperan poder dar su opinión durante el debate parlamentario.
Pedernera reconoció a El País que le «llama la atención» que las organizaciones que trabajan en la temática no hayan sido consultadas, porque en los últimos años siempre fueron tenidos en cuenta para colaborar en la redacción de las leyes sobre menores.
En cuanto al proyecto, el miembro de Ielsur opinó que duplicar las penas del CNA para ciertos delitos «es exagerado y preocupante» porque «los países que tienen penas tan altas (como Argentina, Bolivia y Chile) han sido objeto de observaciones internacionales».
Por eso, Pedernera dijo que si el proyecto se aprueba tal como está planteado, «seguramente» Uruguay también será observado. Agregó que el aumento de las penas obedece a «un reclamo social que coloca a los adolescentes como principal causa de la inseguridad», pero el problema «no se soluciona con más castigo».
Legal.
Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo que no cree que elevar ciertas penas implique violar los partos internacionales.
El magistrado, experto en temas de derecho de familia, explicó a El País que «si realmente la medida está reservada para los delitos gravísimos y que justifican una sanción mayor, eso en sí no sería contradictorio con la Convención de los Derechos del Niño».
En tanto, el presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa, órgano desconcentrado del INAU que gestiona los hogares de internaciones de menores infractores), dijo a El País que actualmente se encuentran privados de libertad adolescentes responsables de varios homicidios o tentativas de asesinatos.
«Creo que ningún uruguayo entiende que eso se resuelve sólo con cinco años de penitencia», afirmó Villaverde, quien no cree que se viole ningún tratado con el proyecto.
«El aumento de la penalización máxima es para casos muy excepcionales y no creo que Uruguay con eso incumpla ningún tratado. Tenemos una realidad extremadamente compleja y debemos dar una respuesta», concluyó el jerarca.
Evitará la autoincriminación
El presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Rúben Villaverde, consideró que «nadie está feliz» con tener que plantear un aumento en las penas para los menores infractores, pero indicó que en el fondo se trata de una medida que es necesaria.
«Yo no descartaría que algún muchacho que está internado con nosotros tal vez haya dicho `fui yo` para evitar que un mayor de edad tuviera que pagar el máximo de mayores, que son 30 años», afirmó el titular del Sirpa, órgano que gestiona los hogares de internación de menores.
Por eso, el jerarca dijo que es probable que con el aumento de las penas para los menores «se estaría salvando esa situación», porque los adolescentes que cometan infracciones gravísimas también tendrán sanciones de importancia. El Sirpa tiene actualmente 580 internos.
http://www.elpais.com.uy/informacion/aumentan-penas-menores-infractores.html
