El Ministerio del Interior neutralizó ayer los celulares de los reclusos alojados en «La Piedra», el módulo de máxima seguridad del Penal de Libertad. Allí se encuentran encarcelados Luis Alberto Suárez, alias «El Betito», y narcos extranjeros.

Desde que el Ministerio del Interior anunció hace dos meses que era un hecho que se instalarán inhibidores de celulares en las principales cárceles del país para evitar que presos dirijan sus bandas ubicadas en el exterior, la resistencia de los reclusos fue en aumento. En reuniones con jerarcas carcelarios, delegados de los presos señalaron la molestia por perder lo que consideraban un «derecho adquirido».

Por su parte, autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) les explicó que ese derecho fue obtenido en forma ilegal mediante «actos de corrupción» y agregaron que los celulares servían más para cometer delitos afuera que a comunicarse con los familiares, según relató a El País el director del Instituto de Rehabilitación, Luis Mendoza.

«Es normal que los presos estén en desacuerdo. Ellos están enojados porque usaban el teléfono celular para comunicarse con el exterior», dijo el jerarca. Agregó que, en los últimos dos meses, el Ministerio del Interior instaló 20 teléfonos tarjeteros para que los presos puedan comunicarse con sus familiares, ya que ello sí es un derecho de los internos.

«La instalación de inhibidores de celulares ya empezó. Se va haciendo en forma gradual», indicó Mendoza.

Tras advertir que los presos no iniciaron ninguna medida para reclamar contra la instalación de los inhibidores, Mendoza recordó que el Penal de Libertad es una cárcel de máxima seguridad y que en la misma están prohibidos los celulares.

«Además hay casos probados por la Justicia de que presos dirigían actividades ilegales desde la cárcel», advirtió.

Fuentes del Penal de Libertad indicaron a El País que la instalación de los inhibidores de celulares comenzó ayer en «La Piedra», el módulo de máxima seguridad que posee dicho establecimiento.

Señalaron que la implementación de los aparatos requirió de múltiples ajustes porque afectaban las comunicaciones de familias que residen en las cercanías del Penal de Libertad.

Reconocieron que la instalación de inhibidores de celulares generó una situación de tensión dentro de esa cárcel.

Las fuentes señalaron que la vieja estrategia de dejar hablar a los presos para intervenir sus teléfonos celulares y desbaratar sus gavillas no dio resultado y agregaron que las disputas por territorios por parte de narcos provocaron muchos ajustes de cuentas. Indicaron que, con los inhibidores de celulares, Uruguay ha avanzado en materia de tecnología carcelaria y que ahora se encuentra a la par que el resto del mundo.

Ayer, en una rueda de prensa, el ministro Eduardo Bonomi señaló que la situación dentro de ese penal era de un «equilibrio inestable».

VIÁTICOS. Otro problema que deberán enfrentar las autoridades carcelarias es el malestar de los guardias por la demora en los pagos de viáticos.

Según fuentes carcelarias, los guardias llegaron a analizar no atender a las visitas o no entregar el «rancho» (alimentos) a los internos si continúa demorando los pagos, lo cual agravaría la tensión dentro del Penal.

Con un endeudamiento atroz, los policías de cárceles sobreviven realizando el Servicio 222 y los viáticos porque sus sueldos los tienen empeñados en préstamos, según las fuentes. Un agente de segunda cobra viáticos de unos $ 1.000; un cabo $ 1.200 y un sargento $ 1.500 y así sucesivamente.

Mendoza reconoció que existió un atraso pero que ello «ya está solucionado; ocurrió por un tema administrativo».