En el marco de la reglamentación de la Ley N° 14.294 que establece la regulación del mercado de la marihuana, habilitando la plantación y la comercialización por parte del Estado, un equipo de expertos de la JND analiza la posibilidad de un ataque o boicot por parte de organizaciones de narcotraficantes y los posibles planes de contingencia para evitarlos.
«Hemos hecho un análisis de todos los riegos que existen y obviamente este es uno de ellos. Aunque hoy por hoy no tenemos indicios de que haya una actividad del narcotráfico que apunte a poner en riesgo el sistema, esto no es algo que se pueda descartar», dijo a El País el director de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada.
El jerarca señaló que ataques a funcionarios, incendios de las plantaciones e, incluso, la posibilidad de que los grupos narcos bajen el precio de la droga para inundar el mercado de marihuana ilegal, son posibilidades analizadas por los expertos que trabajan en la reglamentación de la ley.
Cultivos.
Calzada desestimó las críticas hechas por algunos actores de países de la región ante el temor de que la marihuana uruguaya pueda llegar a otros mercados. Y en este sentido advirtió que no se llegará a plantar más de 10 hectáreas.
«Hay cosas que están vinculadas con la fantasía. Es una locura plantear que el mercado de Uruguay puede implicar un riesgo cuando no se sabe cuántas hectáreas pueda tener plantadas Paraguay, pero se presume que son entre 8.000 y 10.000. ¡Acá ni se va a llegar a 10!», precisó el jerarca.
Las 10 hectáreas serían suficientes para abastecer el mercado local, según presume la JND, pero, según se admite, un ataque a estas podría significar una catástrofe para el plan del gobierno. Por eso se planea tener un especial cuidado con los cultivos, no solo poniendo personal de seguridad en estos, sino también utilizando mecanismos tecnológicos para su resguardo.
«La idea es que los propios productores y clubes cannábicos tengan controlada su seguridad», señaló a El País el subdirector de la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), Carlos Noria. Sin embargo, Calzada precisó que esto todavía no estaba definido.
Noria señaló que los cultivadores deberán someterse a controles policiales y del Ministerio de Salud Pública (MSP) en sus plantaciones. Y también advirtió que la Dgrtid aconsejará a los expertos que preparan la reglamentación en lo que respecta no solo a la seguridad de los cultivos, sino también al transporte en que la droga será trasladada a los locales del país (que según lo planeado en un principio serían las farmacias, pese a que muchas de ellas rechazan la iniciativa).
Más barata.
Calzada advirtió a El País que la posibilidad de que los narcotraficantes inunden el mercado con una marihuana más barata a la que planea vender el Estado ya ha sido analizada por los expertos y es una posibilidad que, aunque no descartan, no creen que sea factible por lo que significaría económicamente para los traficantes. «En la economía formal vos podés bajar los precios para posicionar mejor tu producto y después aumentarlo; pero, en el mercado ilegal, por sus propias reglas y debilidades, es difícil hacer esto», sostuvo Calzada.
El jerarca, de todos modos, reconoció que los narcotraficantes pueden llegar a tener cierta «elasticidad» con los precios y sostuvo que por esto se van a «aumentar las medidas de control».
Este aspecto, señaló el director, será «muy importante», dado que «los precios de las drogas está relacionados con el riesgo que implica introducirlas en el mercado y no con el precio de su producción».
Desde la Dgrtid, sin embargo, Noria advirtió que no se destinará más gente para trabajar allí y que se seguirá procediendo de la misma manera. En tanto, señaló que «por el momento el mercado se sigue manteniendo como era antes de que se aprobara la ley».
El plan de la JND es vender a 20 pesos el gramo de marihuana (que alcanza para «un cigarrillo grueso o dos o tres más finos», un precio equiparable al que la ofrecen los narcos, según ha precisado Calzada).
El titular de la Junta también ha dicho que «el mercado ilegal es de mucho riesgo y mala calidad» y que el Estado va «a ofrecer un lugar seguro para comprar, un producto de buena calidad y, encima, lo va a vender al mismo precio».
Nuevas cifras.
Según los números que maneja la JND, 120.000 personas consumen marihuana en Uruguay. De estos, 75.000 lo hacen al menos una vez al mes y 20.000 todos los días. Algunos lo hacen solo una vez al año. En estas cifras se basa el gobierno cuando dice que el negocio del cannabis mueve más de US$ 1.500.000 por mes y que estos terminan en los bolsillos de los narcos.
Sin embargo, Calzada advirtió que quizá estas cifras hayan cambiado y, por eso, en el marco de la reglamentación, se planea hacer nuevos estudios para medir la cantidad de consumidores que hay en el país.
«Hubo una diferencia de categorización en el mercado. Si a alguien que antes prefirió ocultarlo le preguntan hoy si consume marihuana quizá ya no tenga problemas en decirlo. Esto es porque está seguro de que no hay riesgo jurídico. Por eso estamos diseñando nuevas investigaciones para ver si las cifras cambiaron y establecer cuál es el mercado potencial», sostuvo el jerarca.
Calzada también sostuvo que se está trabajando sin descanso para llegar a la reglamentación de la ley antes del mes de abril.
En qué consiste la ley
La ley establece tres formas en las que un consumidor puede obtener marihuana: autocultivo (cada persona podrá tener hasta seis plantas o una producción de hasta 480 gramos), clubes de membresía (que podrán tener de 15 a 45 socios y un máximo de 99 plantas) o comprar la que cultivará el Estado (a un precio de un dólar el gramo).
Cada usuario no podrá comprar más de 40 gramos por mes. Estos no se podrán adquirir todos juntos, sino tan solo 10 por semana. En un principio, se estableció que la marihuana sería vendida en las farmacias, sin embargo la asociación de químicos farmacéuticos sostuvo que renunciarían en bloque si esto se confirma. Muchos farmacéuticos también están en desacuerdo por temor a que los roben. En definitiva, aún no está claro dónde se venderá la droga.
Quienes sean consumidores deberán registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, cuyo banco de datos no se hará público. Hoy consumidores que ya han expresado su rechazo, ante el temor que se filtren los datos. La ley establece que quien cultive sin estar inscripto tendrá una pena de 20 meses a 10 años de penitenciaría.
http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-teme-boicot-narcos-marihuana.html
