EDUARDO BARRENECHE

Las autoridades penitenciarias investigan a un grupo de policías «corruptos», responsables del ingreso de celulares, armas y drogas en el Penal de Libertad. En los últimos dos meses, cinco de ellos cayeron gracias a los escáneres.

El clima dentro del Penal de Libertad es tenso y puede conducir a un estallido como consecuencia de la colocación de inhibidores (también se instalarán en otros centros de penitenciarios en el futuro) que impiden a los reclusos el uso de celulares.

Las autoridades penitenciarias afirman que además de los presos, los que generan la mayor tensión son los guardias corruptos a los que la medida, sumada a la colocación de escáneres hace dos meses en las puertas de ingreso al Penal, les está minando el negocio de ingresar elementos prohibidos como celulares, armas y drogas con destino a los presos, lo cual les reportaba importantes sumas de dinero.

Las autoridades afirman tener en la mira a varios policías que integran la banda de corruptos, y sostienen que cinco de ellos han caído en las últimas ocho semanas gracias a los escáneres. Llevaban celulares y otros elementos prohibidos con destino a presos que son líderes dentro del penal maragato y encabezan bandas que actúan en la periferia de Montevideo.

Esto se suma a tres policías que meses atrás fueron sindicatos por los propios presos de haber ingresado armas, con una de las cuales mataron al guardia del Penal de Libertad, Óseas Pintos.

El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que existía una situación tensa en el Penal de Libertad y la adjudicó a «un grupo de policías corruptos».

Autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) confiaron a El País que ordenaron el inicio de sumarios para los cinco funcionarios desleales, ya que ingresar celulares en forma clandestina contraviene las normas internas. El sumario permitirá determinar si era la primera vez o realizaban la práctica en forma usual, si recibían pagos y quiénes serían los destinatarios de los celulares.

Autoridades del Ministerio del Interior presumen que ese grupo de guardias integra una banda numerosa de corruptos responsables de comercializar con los presos otros elementos prohibidos, como drogas y armas. La instalación de los escáneres les ha terminado «el negocio» a muchos, afirman las fuentes consultadas.

La instalación de los inhibidores no cayó bien entre los reclusos, porque muchos de ellos ven complicada la comunicación con su familia y otros porque no pueden manejar sus negocios desde las cárcel.

Pero las autoridades creen que son los policías corrompidos los más interesados en crear un clima de inestabilidad y alientan a los reclusos a desacatar a las autoridades.

Cerca de la medianoche del miércoles 14 quedaron bloqueados los celulares del Celdario N° 2 (La Piedra) y de parte del Celdario N° 1 donde se encuentra presos «pesados», como Luis Alberto Suárez Correa, alias el «Betito», y Alberto «Beto» Ibáñez, además de varios narcos extranjeros.

CORRUPTOS. Las armas en poder de los reclusos ya costaron dos vidas. El 8 de marzo de 2011, Néstor Peña Otero, alias «Rambo», fue muerto de varios disparos de una pistola nueve milímetros a manos de su exsocio, Alexandro Rodríguez de Armas. El 26 de abril, el policía Óseas Pintos murió como consecuencia del balazo en la cabeza que una semana antes había recibido por parte de un recluso en el Penal.

Poco después del asesinato de Pintos, una investigación efectuada por el Departamento de Inteligencia Penitenciaria concluyó que el arma utilizada por el recluso fue ingresada por un policía.

Según fuentes carcelarias, la investigación también obtuvo datos de tres guardias que realizaban distintas «tareas» para los presos: ingreso de drogas, «enterramiento» de armas en el patio del establecimiento o el traslado de mensajes de un área a otra del penal.

Según el informe, los policías corruptos cobraban entre US$ 1.200 y US$ 1.300 para ingresar una pistola; entre $ 1.500 a $ 10.000 para llevar una «tiza» de pasta base o un kilo de marihuana, y $ 2.000 por entrar un celular.

En los últimos meses, otros cuatro guardias cárceles fueron procesados con prisión por ingresar armas o drogas a presos.

Fuentes carcelarias dijeron a El País que es esperable la actitud del preso de tratar de burlar la seguridad de un penal para obtener beneficios. Sin embargo, agregaron, es inesperada la conducta de los policías que vulnera los reglamentos penitenciarios.

Fuentes carcelarias indicaron que la «banda de corruptos» forma parte de la «vieja guardia» y revisten tanto en el Penal de Libertad como en el Comcar. Para las autoridades carcelarias, el Penal de Libertad es el área más compleja del sistema penitenciario porque en esa cárcel de máxima seguridad se encuentran alojados los principales delincuentes del país y medio centenar de narcos que pertenecen a carte- les colombianos, mexicanos y europeos. Según las fuentes, el Instituto de Rehabilitación tiene previsto el ingreso de 1.500 efectivos del Escalafón S (civiles) que sustituirán a los viejos guardias en el Penal.

Carecen de penas 6.268 reclusos

De los 9.947 presos uruguayos, 6.268 son procesados sin condena y 3.169 son penados, según datos manejados por el Ministerio del Interior. De esos 6.268 penados, 1.300 esperan condenas por más de dos años.

Según normativas de Naciones Unidas, los penados y los procesados no pueden estar mezclados como ocurre en Uruguay. Además, estas reglas sostienen que los procesados son presuntos inocentes y deben ser recluidos en un sistema «abierto» con más beneficios que los penados.

Fuentes gubernamentales criticaron a la Justicia por la falta de celeridad en los procesos judiciales, no usar medidas alternativas a la prisión o actuar con rapidez en el otorgamiento de libertades anticipadas.