El artículo 117 de la Rendición de Cuentas del gobierno, a estudio del Parlamento, señala: «Facúltase al Instituto Nacional de Rehabilitación a autorizar la salida fuera del establecimiento de reclusión de personas privadas de libertad, dentro del marco de programas de rehabilitación vinculados a formación o trabajo». Además, agrega que el Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones en que se otorgarán las autorizaciones en un plazo de 180 días desde la promulgación de la ley.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Rolando Vomero, indicó a El País que las salidas transitorias deben ser autorizadas por un juez penal.
«El juez es quien decide cuando se entra y cuando se sale de una cárcel», explicó.
Vomero dijo que no está de acuerdo con que vuelva a la Policía la decisión de otorgar salidas transitorias de encarcelados porque «las garantías las da el juez».
Según Vomero, son los jueces quienes conocen todo el expediente penal relacionado con el interno. «No estoy de acuerdo con que la autoridad administrativa permita salir de una cárcel. En el pasado hubo abusos policiales con ese tema. Hubo muchísimos casos», dijo.
El juez penal Ricardo Míguez indicó a El País que, en este momento, autoridades y funcionarios del Ministerio del Interior se encargan de custodiar a los presos y agregó que, en distintas ocasiones, existen problemas de convivencia entre ambas partes.
«Entonces, con este nuevo sistema, se podría beneficiar a alguien que no lo merece. Esto puede dar lugar a situaciones de mal manejo. No adjudicamos malas intenciones. Sin embargo, el juez es un tercero imparcial y de afuera» del sistema carcelario, dijo el magistrado.
Destacó que el juez de la causa conoce en detalle el expediente judicial y al individuo que solicita una salida transitoria. «La Justicia brinda más garantías», añadió Míguez.
El otorgamiento de una salida transitoria en este momento consta de tres partes: el informe policial sobre el recluso y su conducta en prisión, un informe del fiscal de la causa y la resolución judicial final. «En este nuevo contexto solo habrá una etapa», dijo.
La jueza Helena Mainard dijo a El País que si lo establece la ley, será responsable del recluso aquella institución -Instituto de Rehabilitación- que otorgue las salidas transitorias por trabajo o estudio.
Indicó que el nuevo sistema de transitorias a estudio del Parlamento tiene «cosas a favor» y «en contra».
Como positivo, la jueza consideró que las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación poseen un conocimiento más directo del recluso y de su comportamiento que el juez.
Como aspectos desfavorable del nuevo régimen, Mainard señaló que los encarcelados están a disposición de los jueces según la normativa vigente. «Ellos son los que disponen la reclusión por determinados motivos. Me parece absurdo que se esté autorizando a salir a una persona que está privada de su libertad por disposición judicial y que ello quede a criterio de la autoridad administrativa», señaló.
«Vamos a atenernos a lo que disponga la ley. Me parece bárbaro que no queden esas salidas transitorias bajo la responsabilidad de los jueces. Será responsabilidad de aquellos que otorguen esas salidas, porque son decisiones que generan cuestionamientos», dijo en alusión a que hay internos que piden transitorias y luego las utilizan para delinquir.
El fiscal penal Gustavo Zubía dijo a El País que no estaba de acuerdo con que las salidas transitorias no estén bajo control judicial. «El juez es el encartado y el contralor de la sentencia. Tiene que expresar su opinión», dijo Zubía coincidiendo con Mainard.
El representante del Ministerio Público estimó que estas salidas deben realizarse solo para estudio o trabajo. «Nada que ver con visitas familiares o de recreación», señaló.
En tanto, una fuente del Ministerio del Interior indicó a El País que la cartera trata de retornar los permisos de salidas transitorias laborales y de estudio a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que esa potestad fue transferida a los jueces penales por casos de corrupción. Agregó que, tras una reforma en el sistema carcelario, la institución «está saneada» y cuenta con varios programas de rehabilitación.
«Ya es hora» de que el Ministerio del Interior tome el control de las salidas transitorias porque tienen que ver con el sistema progresivo de tratamiento de reclusos que hoy se lleva adelante, dijo.
«Muchas veces tenemos dificultades para hacer salir gente que en el sistema progresivo está en condiciones y nos topamos con la negativa de un juez. Ello interrumpe las posibilidades de rehabilitación de esa persona», agregó.
Corrupción.
Ayer, durante la presentación de la Rendición de Cuentas en las comisiones de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, autoridades del Ministerio del Interior aludieron a que la resolución judicial demora muchos meses y que ello entorpece el proceso de rehabilitación de un interno.
El diputado blanco Pablo Abdala (Corriente de Acción Renovadora) indicó que le genera preocupación este artículo de la Rendición de Cuentas porque puede conspirar contra la seguridad pública.
«Es una alternativa que no da garantías y cambia paradigmas. El único que brinda garantías es el juez de la causa», dijo a El País.
Según Abdala, es un tema para discutir fuera del ámbito de una Rendición de Cuentas.
El diputado de Vamos Uruguay, Aníbal Gloodtdofsky, calificó de «peligrosa» esta norma que le quita potestades a los jueces a la hora de otorgar salidas transitorias por estudio o trabajo. «Lo dice la experiencia de lo que ocurrió en los últimos años. Nos exponemos a la discrecionalidad, arbitrariedad y corrupción en las salidas transitorias», señaló.
Todos los polícias deberán declarar bienes; Jutep tiene 14 empleados
Para combatir la corrupción en filas policiales el Ministerio del Interior resolvió que todos los uniformados, sin importar su rango, deban presentar una declaración jurada de bienes ante la Junta Anticorrupción.
La ley 17.060 prevé que un alto número de funcionarios públicos, lo que incluye al presidente, vicepresidente, ministros, jueces, intendentes, militares y policías de alto rango, entre otros, presenten cada dos años una declaración jurada de bienes en sobre cerrado que puede abrirse en caso de orden judicial.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ante sus pares en el Consejo que en los últimos años se han producido un promedio de 250 bajas de funcionarios policiales vinculadas a hechos de corrupción.
La medida de incluir a todos los policías en la obligación de transparentar sus bienes se equipara a la que hoy también rige para funcionarios de Aduanas o Casinos.
Sin embargo, la medida tomó por sorpresa a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), conocida como Junta Anticorrupción -encargada de recibir las declaraciones- que se enteró por la prensa.
La Junta recibe actualmente un promedio de 5.000 declaraciones juradas cada dos años, pero con la presentación de los policías se sumarán unas 17.500 declaraciones.
El presidente de la Jutep, José Pedro Montero, dijo a El País que se enteró por la prensa de la medida.
«La Jutep tiene solo 15 funcionarios que se encargan de recibir y archivas declaraciones juradas, realizar las compras, mantener el sistema informático, asistir los pedidos que llegan desde la Justicia o las empresas públicas, y mantener vínculos a nivel internacional.
«Somos poquitos. Por ahora la vamos llevando pero si esto se cumple vamos a estar hablando de un número muy importante de declaraciones que, tal vez, requiera de más personal», indicó.
La Junta trabaja con otras agencias del Estado para que las declaraciones se presentan en formato informático. Sería opcional para el declarante la entrega de su declaración en un CD encriptado y con firma digital. No obstante, el proyecto saldrá a mediano plazo.
http://www.elpais.com.uy/informacion/transitorias-presos-aval-judicial.html
