El especialista en seguridad penitenciaria que llegó al Chaco a capacitar en derechos humanos a efectivos del Complejo Carcelario de Sáenz Peña, coincidió con las políticas aplicadas en el Servicio Penitenciario Provincial, que desde el 22 de abril de 2008 funciona en forma autónoma de la Policía. A partir de allí, y con el egreso de nuevas camadas de agentes y oficiales, el estado ha resuelto no proveer al personal el arma reglamentaria, en sintonía con el resto de otros servicios penitenciarios del país.
Uzarralde quien ocupó el segundo cargo dentro de la importante estructura bonaerense y estuvo al frente de la seguridad general de 54 cárceles y más de 20 mil detenidos, opinó que no se debe disponer el arma a los empleados.
“Terminantemente no deben llevar arma de ninguna manera”, señaló el licenciado en seguridad, que ofreció dos jornadas en la Universidad Nacional del Chaco Austral, de la ciudad termal, con funcionarios de derechos humanos de la nación.
Ejemplificó que antiguamente el SPB “únicamente le entregaba el arma al oficial que salía de la escuela, pero desde hace ocho años ya se cortó”.
“Pero la repartición permite que el personal tenga arma propia, pero no puede utilizarla en horario de servicio pero debe contar con todos los trámites legales, portación y tenencia”, agregó Uzarralde, pero “no es un arma reglamentaria para el establecimiento”.
“No es conveniente que el personal tenga un arma provista, porque agrava el panorama”, expresó en La Radio.
Los talleres en la segunda ciudad chaqueña- estuvieron organizados por la subsecretaría de Protección de Derechos Humanos- y luego de la firma del convenio con el Servicio Penitenciario Provincial, las partes acordaron avanzar en seguir disponiendo formaciones a personal de las unidades de Resistencia.
Días atrás, el titular de la fuerza, comisario general Gustavo Peña y el secretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela rubricaron un acuerdo para poder seguir con la formación de los funcionarios a partir de julio.
