Al concluir la reunión, el presidente de la comisión –el peronista Martín Nievas– aseguró que con la exposición del ministro quedó claro que no existió delito alguno durante el llamado que hizo el funcionario y tampoco se dañó la relación entre poderes.
Nievas agregó que, ante estos dos hechos, corresponde dar por terminado este malentendido y no invitar a la jueza Saidman, que denunció al funcionario provincial por supuestas amenazas o presiones.
Sin embargo, el diputado Carlos Martínez, miembro de la oposición que está buscando su reelección, aseguró que el tema no está concluido y ratificó su postura de convocar a Saidman para que dé a conocer su versión de los hechos.
Además Martínez dijo que posiblemente la jueza tenga elementos que aportar a los legisladores para determinar si el ministro cometió algún tipo de ilícito. En otras palabras, Martínez –como el resto de los opositores– está tratando de conseguir elementos que sostengan el pedido de renuncia que realizaron a pocas de horas de que tomara estado público el caso, sin escuchar a la otra parte.
La versión del ministro
El ministro comenzó su alocución agradeciendo a los legisladores por la convocatoria, entendiendo que “todos queremos saber cuál fue la verdad de los hechos”. “Se había manifestado en los medios de comunicación la solicitud de iniciar un sumario para personal policial interviniente en un operativo y no corresponde a la jueza iniciar sumarios”.
Verbeek sostuvo que “en ningún momento le pedí a Saidman que cambiara su criterio judicial, pero le manifesté mi descontento respecto del emplazamiento para el inicio de sumarios a los efectivos, cuestión que me resultó improcedente más aun considerando que se trató de un procedimiento en el que correspondía que la jueza se declare incompetente y lo derive a la Justicia Federal ya que se habían secuestrado estupefacientes”.
En cambio, sostiene el ministro, la jueza “se arroga jurisdicción federal, sacando a los imputados del juez natural de la causa, dicta la nulidad del procedimiento policial, dicta el sobreseimiento de los imputados y ordena sumarios para los policías”.
Nievas, al terminar la reunión, dijo que “el ministro dio las explicaciones correspondientes, reconoció que existió un llamado telefónico y cabe aclarar que si el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad no tuviera un trato frecuente con el Poder Judicial no podría cumplir ni su propia misión”. “Planteó lo que todos queríamos saber, que es qué le dijo a Saidman en esa llamada, dijo que pidió explicaciones porque la magistrada lo intimaba a iniciar un procedimiento administrativo requiriéndole sanciones a los policías”, agregó.
Por su parte, el radical Marcelo Castelán evaluó que “la reunión se enmarca dentro de lo que podíamos esperar, hay cuestiones que ya son materia de cuestionamiento o de tratamiento judicial con lo cual nosotros no podemos avanzar”.
El legislador observó que “el ministro reconoció que habló con la jueza pero no en los términos que trascendieron en los medios. Nos faltaría invitar a Saidman, cosa que vamos a hacer, no está obligada a venir pero sería interesante que venga porque lo que queremos no es revisar para atrás en qué consistió la conversación o si eso es o no un delito, sino expresar por nuestra parte que es necesario que los distintos poderes funcionen armónicamente pero con absoluta independencia y libertad”.