La misma jornada en la que la Justicia comenzará a debatir las responsabilidades por la masacre de Trelew (ver página 10), un fusilamiento múltiple cometido el 22 de agosto de 1972 en esa ciudad patagónica, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) decidió homenajear a los 16 presos asesinados entonces en la Unidad 6, el mismo penal en el que vivieron sus últimos días. “(Es) un deber de esta institución democrática de la Nación el promover enfatizadamente el recuerdo constante de esa brutal etapa como el ejercicio colectivo de la memoria”, argumentó el director del SPF, Víctor Hortel, desde la presentación formal de los fundamentos del homenaje, que incluirá la instalación de las fotografías de los fusilados en la unidad, la proyección de documentales sobre la historia de la masacre y también de una mesa de debate a la que están invitados organismos de derechos humanos.

–Uno de los acusados en el juicio es un cabo retirado, Carlos Marandino. ¿Incluye el homenaje del Servicio Penitenciario un reconocimiento de su participación en el terrorismo de Estado?

–Un aspecto del homenaje tiene que ver con la gestión del SPF. Además de ser el director del servicio, soy militante kirchnerista y estoy consustanciado con las políticas de derechos humanos del proyecto nacional y popular. Lo mismo ocurre con el SPF, desde donde debemos ser coherentes con los ejes de memoria, verdad y justicia trabajados desde el gobierno nacional, la Secretaría de Derechos Humanos y, como institución estatal, ejecutar políticas acordes. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con lo histórico. El SPF debe revisar sus acciones y conductas y exorcizar esos recuerdos que lo vinculan con la parte más trágica de nuestra historia. Que seamos organizadores del homenaje es bastante importante en ese sentido. Es una manera de reivindicar a las víctimas de la masacre, del terrorismo de Estado, a esos compañeros.

–¿Qué otros aportes puede el SPF hacer a los ejes de memoria, verdad y justicia, además de los homenajes?

–Tenemos un compromiso con nuestra función en los juicios de lesa humanidad, acorde a lo que marca el Poder Judicial. Tenemos obligación de hacernos cargo del traslado de detenidos, de la custodia y de la organización para que no haya nada que obstaculice, desde esos puntos, el avance de esos juicios.

–Existen campañas que fomentan a aquellos que pudieron ser testigos de crímenes de lesa humanidad a contar lo que vieron, como el caso de los ex conscriptos. ¿Se podría llegar a aplicar una cuestión así en el Servicio Penitenciario?

–No tenemos programas específicos en ese sentido. Sin embargo, autorizamos a los investigadores de la Secretaría de Derechos Humanos a revisar nuestros archivos para que controlen y chequeen informaciones de esa época para probar los delitos o recabar datos sobre el paradero de desaparecidos. Lo que no quita que no podamos generar algo similar en un futuro.

–Según explicó en los fundamentos del homenaje, el acto se inscribe en la intención de generar un cambio cultural en la fuerza respecto de los derechos humanos. ¿Por qué es tan difícil llevarlo a cabo?

–Somos parte de un proyecto político y de su desafío de transformar el país. Durante los 80 años de historia que tiene el servicio, la lógica para comprender su función en la sociedad era seguridad versus derechos. Durante muchos años la doctrina dominante fue la del castigo y el maltrato hacia los presos, su encierro como método principal de brindar seguridad a la sociedad. Las cárceles fueron alojamiento, depósito. Cuando se la intenta torcer para el lado de los derechos, cuando el preso se convierte en un sujeto de derechos que está exclusivamente privado de su libertad ambulatoria, no del resto de sus libertades, la cuestión se resiste un poco.

–¿Por eso la persistencia de casos de hacinamiento o de torturas actuales en las cárceles?

–No tenemos prácticamente sitios hacinados y la tortura no es institucional, aunque sí hay gente que sigue sosteniendo que los golpes y el maltrato no son para alarmarse. Lo que nosotros no toleramos, para ellos debería ser corriente. Armamos un grupo de gestión, con organismos de derechos humanos como la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos nacional, para generar políticas contra la tortura y grupos de observadores que trabajan en las unidades. Además hay cursos de capacitación, porque la cuestión no se termina sólo con decirlo. El cambio cultural, entonces, consiste en ocuparse de la persona privada de la libertad para que pueda gozar de todos los derechos que no le fueron restringidos por sentencia penal: trabajo, educación, cultura. La seguridad ya no pasa por el castigo sino por el aseguramiento de derechos. Durante la dictadura, el SPF participó de la eliminación de todo el que pensaba distinto, de toda postura crítica. Hoy hace políticas de inclusión.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-193450-2012-05-07.html