Viedma (APP).- El Poder Judicial de Río Negro, a través del Juzgado Correccional Nº 6 de la ciudad de Viedma a cargo del Juez titular Dr. Juan Bernardi, está llevando a cabo una experiencia inédita con la creación de la figura del Oficial de Prueba para el seguimiento y control de los imputados bajo el régimen de suspensión de juicio a prueba.

El proyecto, es abordado con una mirada que involucra a los principales actores del delito: víctima y victimario y apunta a un trabajo sobre la idea de la justicia restaurativa que implica un cambio de paradigma respecto de la visión clásica del proceso penal y los fines de la pena.
La puesta en marcha de esta experiencia, tiene como objetivo colaborar en la reinserción social del supervisado y evitar su etiquetamiento, todo ello mediante el trabajo en favor de la comunidad y el cumplimiento del principio de inmediatez del proceso penal a través del contacto directo y personal con los imputados y con las víctimas, del Juez y de la Oficial de Prueba como representante de aquél.
El proyecto tuvo su origen en el año 2005 cuando el Poder Judicial suscribió un Convenio con la Universidad del Comahue que permitió implementar un sistema de pasantías, para incorporar dos estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de los últimos años, con el objetivo de colaborar con el Juzgado Correccional N° 6 para el monitoreo de los imputados que accedieran al beneficio de suspensión de juicio a prueba y en lo atinente al establecimiento de pautas de conducta, trabajos comunitarios y relevamiento de instituciones que pudieran recibir a quienes estuvieran en la instancia “a prueba”, en función de lo establecido en el art.76 ter y en remisión al art.27 bis del Código Penal.
Dichas pasantías, que al principio duraron cuatro meses, se fueron prorrogando por iguales períodos hasta llegar a un año. Posteriormente y debido al éxito que significó esa experiencia, se logró la creación de la figura del Oficial de Prueba.
Para ello, y desde su designación, la señorita Carla Soplanes, ha logrado implementar en conjunto con el obligado y con las instituciones, un plan de trabajo, que funciona como una intervención tendiente a generar el compromiso del beneficiario frente al hecho.
El plan de seguimiento implementado es flexible y con posibilidades de modificarse a lo largo del proceso, contemplando, por un lado, la singularidad de cada sujeto y sus intereses y por otro, permitiéndole continuar con su hacer cotidiano (estudiar, trabajar, etc.).
El trabajo del Oficial de Prueba consiste en lograr la incorporación del obligado mediante un convenio entre el Juzgado y la institución (como Establecimientos Escolares, Juntas Vecinales, Municipalidad), en el cual se establece el lugar que ocupará el sujeto, la actividad a realizar, los recursos para concretarla, el referente institucional y el tiempo. Pero también, trabaja para que las instituciones erradiquen los prejuicios frente a estas situaciones y colabora para construir el programa de seguimiento.
Durante el proceso de la probación, la Oficial acompaña a los imputados a través de un espacio de escucha en el cual puedan reflexionar e interrogarse sobre el hecho para que de alguna manera, asuman la responsabilidad por el delito cometido como forma de evitar nuevos conflictos.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la víctima y/o damnificado. En este contexto, se busca que la reparación del daño exigida por el Código Penal no sea un mero trámite sino que efectivamente el imputado repare el daño cometido a través de formas posibles que resulten acordes al daño causado. Todo ello, previa entrevista donde se les hacen conocer sus derechos, se les brinda asesoramiento y se las puede derivar a organismos técnicos en caso necesario, ej: salud mental, oficina de violencia doméstica, academias de conductores, entre otros. Debe quedar claro que no se trata de la reparación civil de daños y perjuicios.
En definitiva, la incorporación de la figura del Oficial de Prueba ha logrado desburocratizar el instituto de la “probation” y restablecer el vínculo de pertenencia del imputado con la sociedad a través del trabajo comunitario consciente y comprometido.
Asimismo, dicha experiencia permite llevar adelante acciones que acerquen la justicia a la comunidad intentando brindar una respuesta adecuada a los requerimientos de los usuarios con el fin de lograr, por un lado, un mayor nivel de satisfacción en las víctimas y/o damnificados y por otra, garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos. (APP)