Se calcula que en Córdoba son 400 los agresores apartados de su hogar. Los juzgados especializados reciben unos 250 casos por semana, período en el que dictan un promedio de 20 medidas de este tipo.
Por Silvina Bazterrechea / sbazterrechea@comercioyjusticia.info
Son aproximadamente 400 los agresores de la ciudad de Córdoba que hoy permanecen excluidos del hogar por orden de un juez. En total, se estima que por mes, son 80 las medidas de este tipo que son dictadas por los magistrados, de las cuales un promedio de 20 por ciento va acompañado, además, por la asignación de una consigna policial en el domicilio de la víctima.
El número demuestra la gravedad que alcanzan los casos de violencia familiar. Si se tiene en cuenta que por semana llegan a los juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar 250 casos de este tipo y se dictan unas 20 órdenes de exclusión, se está hablando de que una de cada 25 denuncias es grave y amerita una decisión “extrema” por parte del sistema judicial. A este dato, que ya es preocupante, hay que sumarle otro aún más grave: el alto índice de violación de las medidas de exclusión. Según estimaciones de los propios operadores judiciales y lo que pudo conocer Comercio y Justicia, la mitad no se cumple.
El Poder Judicial de Córdoba está trabajando para obtener cifras oficiales sobre este fenómeno que ha motivado que el Gobierno provincial comience a evaluar la posibilidad de implementar el “botón antipánico” para que las víctimas puedan alertar a la Policía cuando se encuentren en peligro. Ya la semana pasada, el fiscal de Instrucción Gustavo Sandoval alertó sobre que sigue creciendo la desobediencia de los agresores de las órdenes que dictan los jueces y pidió que a quienes no cumplan se los impute por desobediencia a la autoridad. La propia vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Esther Cafure de Batistelli admitió que es imposible controlar que se cumplan las órdenes de restricción.
Consultado por este diario, el juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, Jorge Luis Carranza -uno de los cuatro magistrados que tiene Córdoba para entender en la materia-, calculó que la mitad de las medidas de exclusión que dispone en su juzgado luego no es respetada por los agresores. Los motivos son muchos: en algunos casos tiene que ver con el propio deseo de la víctima de perdonar a su pareja, en otras ocasiones porque se ven presionadas por cuestiones de índole económica, por ejemplo. Carranza explicó que tras dictar la medida de restricción, las partes son citadas y escuchadas .
“A veces la víctima quiere volver y no podemos mantener una medida restrictiva que en la práctica no se va a cumplir”, explicó. No obstante, aclaró: “A veces los autorizamos pero previamente les exigimos que cumplan con una tratamiento psicológico en el marco del programa de violencia familiar, por ejemplo”.
Botón de pánico
En la tarde de ayer, el Gobierno de la provincia y la Justicia de Córdoba mantuvieron una reunión en la cual se informó cómo funcionaría el Dispositivo de Seguridad para la Violencia Familiar. “Fue una muestra técnica”, dijo a este diario la fiscal adjunta, hoy a cargo de la Fiscalía General, María Marta Cáceres de Bollati.
Si bien, prima facie, calificó la herramienta como “útil”, la funcionaria aseguró que la reglamentación y los detalles de la implementación del botón antipánico serán motivo de una próxima discusión. Nada se habló, por ejemplo, respecto de si será obligatorio su uso y en qué casos particulares de violencia se entregará el dispositivo.
En el Tigre (provincia de Buenos Aires) no es obligatorio que la víctima lo tenga. En ese sentido, Bollatti opinó que en Córdoba también debería seguirse el mismo criterio.
