Federico Elías Fernández está detenido hace 13 meses en el Complejo Penitenciario de Chimbas, en la provincia de San Juan. El 25 de junio, un grupo de detenidos lo golpeó brutalmente y le ocasionó heridas graves en la cabeza. En ese momento lo atendió un médico, el doctor Zapata Gómez, que consideró que Federico tenía una alteración neurológica post traumática y que debía ser llevado de urgencia a un hospital para que lo atendiera un especialista. Esa indicación médica no se cumplió.

El padre de Federico se enteró de lo que estaba pasando por medio de una llamada anónima hecha desde el penal y se comunicó con el Defensor Público Federal Horacio Garcete. De inmediato, Garcete presentó un habeas corpus correctivo a favor de la víctima en el Juzgado Federal n° 2. El 27 de junio el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo dispuso que el Servicio Penitenciario debía internar al joven en un hospital. Tres días después de haber sido golpeado, Federico todavía no había sido trasladado. Recién el 29 de junio el Servicio Penitenciario cumplió con la orden de traslado y lo llevaron al Hospital Dr. Guillermo Rawson. En esos días, la salud de Federico se agravó hasta el punto que el 29 de junio tuvo que ser operado de extrema urgencia.

Al operarlo los médicos encontraron que tenía un coágulo en la zona parietal izquierda. Según el informe realizado por la Defensoría General de la Nación, “los médicos del Servicio Penitenciario le habrían suturado la herida –provocada por una “faca” oxidada- sin haber desinfectado la herida ni haber retirado las astillas óseas alojadas en la zona lesionada, produciendo consecuencias irreversibles en su integridad física producto de una infección cerebral”.  Como la herida no fue desinfectada y no le dieron antibióticos, la víctima perdió masa encefálica, los médicos informaron que podía perder la visión. La Defensoría General también constató que los médicos “indicaron que las secuelas producidas por la herida y por la deficiente y tardía intervención médica, serían irreversibles o muy difíciles de sobrellevar”. Una semana después de la operación los informes médicos decían que Federico tenía que seguir internado.

El lunes 8 de julio, nueve días después de la operación, personal del Servicio Penitenciario provincial decidió trasladar a Federico al penal a pesar de lo dispuesto por el juez Gallo y de su grave estado de salud. Lo trasladaron en un móvil común de traslado de detenidos,  “sin asistencia médica de ningún tipo, por sus propios medios, con la herida de la cabeza sangrante y en estado de aparente semiconsciencia (minutos antes no había reconocido a su madre) nuevamente hacia el establecimiento penitenciario”, según consta en otro informe elaborado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación que también interviene en el caso.

Gracias a la intervención de la defensoría y la fiscalía de San Juan, Federico Fernández fue internado en otro hospital sanjuanino. El viernes 12, debido al agravamiento de su estado de salud, volvió a ser llevado al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

El defensor Garcete y la fiscal Katia Troncoso Muñóz presentaron una denuncia penal por la responsabilidad de funcionarios penitenciarios y médicos.

Troncoso Muñoz, Fiscal Federal Subrogante ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan, dio intervención a la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del Fiscal de la Procuración General de la Nación Subrogante, Abel Córdoba. Por su parte, el defensor federal dio intervención al área de violencia institucional de la Defensoría General de la Nación que otorgará patrocinio jurídico gratuito a la familia en la causa penal abierta para investigar los hechos.