Por Gabriel Ganon*
«Una sociedad que no posea un sistema judicial, está expuesta, como se ha dicho, a la escalada de venganza, a la aniquilación pura y simple que denominamos violencia esencial» Rene Girard
El paulatino descenso de la temperatura debería permitirnos una sincera reflexión para que el tiempo, otras noticias, o el cambio de estación, no se lleven los recuerdos de la sucesión de muertes anunciadas, ocurridas con el comienzo del verano y ancladas todas en razones tan diversas como complejas. Bajo este sentido, para que todas ellas sean recordadas, leídas y descifradas con un único código debemos comenzar por afirmar con insistencia que ninguna de todas esas muertes es más o menos valiosa que la otra. Todas deben perdurar con igual intensidad en la memoria colectiva para evitar su olvido o banalización porque la muerte de Elías Gabriel Bravo, «Jeri» Trasante, Adrián «Patón» Rodríguez, Claudio «Mono» Suárez, Alejandro Darmiño, Jesús Ronane, Carlos Honores, Daniel Pérez, Darío Cardoso, Julio Zalazar, Jose Sauco, Marcelo Farías, Cristian Ocampo, Carlos Humeres, Edilse Cicarelli, Ariel Herrera, Sebastián Castro, Carlos Arriola, Juan Pablo Fadus, Rodrigo Jara, Damián Urquiza, Maximiliano Gómez, Carlos Medina, Ramón Andrada, Eduardo Camarún, tienen en común -o al menos deberían tener- el mismo poder de revelación.
Por eso no podemos ni debemos permitir que se instale como idea cualquier simplificación y/o clasificación para rotularlas de modo diferente como ajuste de cuentas, conflictos interpersonales y mucho menos aún afirmar que «los números suelen ser engañosos porque la suma de los homicidios no implica mayor inseguridad, como sí lo suponen las muertes violentas ocurridas en ocasión de robo».
El único dato permeable es el que apunta que desde que comenzó el año han muerto en la 2ª Circunscripción en forma violenta 24 personas, todos varones y muy jóvenes. Este paradigmático dato de muertes violentas en ascenso debe servir para comenzar a pensar en explicaciones plausibles que tomen en consideración no sólo «razones» individuales, coyunturales sino también aquellas fuertemente estructurales. En el contexto resulta tan inútil considerar al delito como un defecto superficial extirpable de urgencia, como interpretar que los autores de semejantes injustificables conductas, que merecen castigarse, hayan sido la consecuencia de un padecimiento moral individual. Afirma Rene Girard que en un mundo donde sigue volando la idea de la venganza privada se debe evitar alimentar ideas equivocas sobre ella. En este sentido, no cabe dudas que clasificar a los homicidios como «ajuste de cuentas» o «riñas interpersonales», se quiera o no, termina por legitimar la inacción tanto judicial como policial para otorgar legitimidad a la venganza privada. Es bastante conocido, que el sentido dado a las cosas oculta su interpretación. No sólo porque la mera referencia a arcaicas ideas comunes que responden a un trabajo de definición, recolección, clasificación y de convención facilita tanto el transcurrir normal del pensamiento como permite excluir del ojo de la polémica a las autoridades estatales que tienen la obligación de sancionar y castigar. No es otro que el Sistema de Justicia Penal el encargado de alejar la idea de la venganza privada. Por eso no resulta para nada casual que se reproduzcan las protestas clamando justicia. Con este sentido, vale la pena preguntarnos por ejemplo, entre otras cosas: ¿Cuántos de estos crímenes aún se encuentran impunes porque no han sido encontrado sus autores materiales? ¿Quiénes son las agencias estatales (policías, jueces y fiscales) que han fracasado en la investigación y el castigo de sus culpables? ¿Cuáles cambios han facilitado la transición regresiva del monopolio estatal de la violencia hacia la venganza sanguinaria o el mal llamado ajuste de cuentas? ¿Cuánta relación existe entre el fracaso del ejercicio de la punición estatal y el regreso de la cultura del duelo o de los códigos mafiosos de venganza personal? ¿Quién o quiénes pueden ocultar su responsabilidad apelando a clasificaciones diferenciadas en un hecho que penalmente es un homicidio? Si tratándose, como se trata, de que en la mayoría de los casos víctima y victimario se conocen, comparten edades, dificultades de inserción social, vecindario y clase, ¿cuáles son las causas que viabilizan, facilitan la resolución violenta de sus disputas? Aunque la muerte no es más que la peor violencia que puede sufrir el hombre, la situación no excluye que como consecuencia de negligencias compartidas los hechos sigan revelando la humana finitud de la existencia.
*Profesor de Criminología y Política Criminal de la Universidad Nacional de Rosario. Defensor Provincial de Santa Fe.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/22-32491-2012-02-13.html