En una causa cargada de irregularidades, la Justicia resolvió finalmente absolver a la militante trans Yhajaira Falcón, quien había sido acusada de robo con arma a un taxista y pasó cuatro meses detenida en el penal de Ezeiza. En contra de la versión acusatoria, Falcón denunciaba haber sido detenida debido a su condición de travesti. Hasta ayer, la supuesta víctima del intento de robo no aparecía en otro lado que no fuera el relato policial. Además, el arma con la que se había cometido el hecho –una tijera– nunca fue presentada en el juicio. Ayer, en la segunda audiencia, el Tribunal Oral en la Criminal Nº 9 resolvió absolver a Falcón tras haber escuchado la declaración del taxista, quien tuvo que ser citado por la fuerza pública para que se presentara en el debate y se desmayó antes de terminar de declarar. A su vez, el fiscal solicitó la investigación de los policías que la detuvieron por “falso testimonio y detención arbitraria”.
Los jueces Luis García, Fernando Ramírez y la subrogante Ana Dieta decidieron la absolución de Falcón, quien se encontraba hasta entonces detenida en la U20, la unidad psiquiátrica del Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza. Entre el público que acompañó a Falcón en la sala del 6º piso del edificio ubicado en Talcahuano 550 estaban el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, amigos y militantes de las organizaciones Putos Peronistas, Las Paquitos, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y el Copadi. También estuvieron presentes funcionarios de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin). Los fundamentos de la sentencia del tribunal se conocerán recién el 4 de septiembre próximo.
De acuerdo con la versión policial, el 17 de abril pasado Falcón paró un taxi en el barrio de Constitución, subió del lado del acompañante y pidió ser llevada hasta Humberto I al 2000, donde habría amenazado al conductor con una tijera para robarle 150 pesos. Un grupo de compañeros del taxista salió a defender al asaltado, mientras Falcón supuestamente los atacaba a baldosazos y rompía los vidrios de un garaje ubicado junto a un hotel. La versión finalizaba con la actuación de policías de la comisaría 18ª, de Constitución, que detenían a Falcón.
La declaración de la acusada, por el contrario, sostenía que un patrullero de la 18ª la detuvo fuera de su jurisdicción, la paseó durante una hora, la llevó hasta Humberto Primo al 2000, donde un grupo de taxistas la apedreó con la anuencia policial, y luego la llevaron detenida.
Durante la primera audiencia del juicio, el viernes pasado, habían declarado el encargado del hotel y su esposa, quienes no presenciaron el robo ni vieron al taxista. El arma supuestamente usada por Falcón, al igual que el taxista, no habían aparecido. La única prueba aportada era una caja de cartón con fragmentos de vidrios supuestamente rotos por Falcón. Ayer, antes de conocerse la sentencia de los magistrados, declaró finalmente la supuesta víctima del robo. El taxista, quien había sido citado por la fuerza pública para que se presentara en el debate oral, no logró concluir con su declaración debido a un desmayo que lo obligó a retirarse de la sala en una silla de ruedas asistido por personal del SAME. También declararon inquilinos del hotel. “Todos estos testigos coincidían en que la que pedía auxilio era Yhajaira, quien estaba siendo atacada a piedrazos”, contó a este diario Luciana Sánchez, abogada de Falcón. “Es la tercera causa que tiene en su contra, la anterior fue por tentativa de robo de un MP3 con una trincheta. En todas ellas Yhajaira fue detenida arbitrariamente por portación de género. En ese sentido, la fiscalía pidió tener en cuenta los principios de Yogyakarta, que se ocupan de cómo debe ser aplicada la legislación en casos de orientación sexual e identidad de género”, agregó Sánchez.
En esta causa, Falcón también tuvo que lidiar con una primera defensora oficial, Silvia Mussi Odriozola, quien se negaba a que la llamaran por su nombre y la trataran como travesti. Odriozola fue desplazada del caso y la defensora general Stella María Martínez instruyó a los defensores a su cargo para que respetar los postulados de la Ley de Identidad de Género.
Por último, el fiscal, Julio Castro, pidió que se investigue a los policías de la comisaría 18a. “Los arrestos arbitrarios y con policías como únicos testigos son reiterados y abundan las estadísticas de la comisaría 18a. El caso de Yhajaira no es un caso aislado”, sostuvo Sánchez.
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