El juez Eugenio Raúl Zaffaroni llega justo media hora antes de la cita. La ex diputada socialista María Elena Barbagelata es puntual; viene de sortear el alborotado final de jueves en el centro de la Ciudad. Casi de inmediato, le sigue el macrista Federico Pinedo, favorecido por la proximidad de su despacho en el edificio anexo de la Cámara Baja, del otro lado de la Avenida Rivadavia. El cálido anfitrión es el jefe de la bancada radical en Diputados, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra. En un Parlamento despoblado y casi sin actividad por la cercanía del fin de semana, abre las puertas de su despacho para reunir a los integrantes de la flamante comisión encargada de articular una tarea tan vital como ambiciosa: la redacción del proyecto de reforma del Código Penal argentino. El ex camarista y ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, es el único ausente. Pero con aviso. “Tenía un compromiso académico impostergable”, lo disculpa Gil Lavedra. Comienza una charla amena, con los códigos de algunos antiguos viejos amigos y conocidos. Todos aceptaron la propuesta de Tiempo Argentino de reunirse por primera vez en una entrevista en conjunto para discutir los ejes y alcances de la tarea que se inició en la tarde noche del martes 8 de mayo, cuando la presidenta Cristina Fernández los convocó a la Casa Rosada para firmar el decreto de constitución del equipo de trabajo, que preside Zaffaroni. Llevan apenas una reunión de trabajo desde aquel encuentro, pero comparten un primer horizonte de coincidencias. Sin excepción, aceptan que el desafío se traduce en tarea ardua: la de ordenar, hacer “legible”, de aplicación clara y despejada de contradicciones la ley que tipifica los delitos y sus sanciones y que hoy, en el diagnóstico de Zaffaroni, es apenas un puñado de “escombros” de aquel Código sancionado en 1921. Desde entonces, la normativa sufrió más de 1000 modificaciones y enmiendas y quedó enmarañada por normas especiales, dispersas, emergentes de coyunturas político-sociales. El impacto de las denominadas “leyes Blumberg”, aquel paquete de reformas y elevación de penas aprobado por el Congreso en 2004 tras el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg, aparece sin esfuerzo en esa reconstrucción. El Código no es sometido a una revisión integral desde la década del sesenta.
La meta de una reforma “integral” para dar coherencia a las penas es el punto de partida del debate, pero también el punto de llegada al que aspiran los integrantes de la comisión. Zaffaroni se entusiasma en los ejemplos de esa disparidad, muchas veces abordada desde el reclamo simplón de ganarle a la inseguridad con penas más altas y severas, o de defender las interpretaciones que hoy ponen el derecho a la propiedad por encima del derecho a la vida.
Pinedo se anima a las bromas, a jugar el rol de niño indisciplinado: “Soy la derecha oscurantista”, dice entre risas cuando el resto le recuerda que deberá actuar como una suerte de ¿moderador? entre posturas antagónicas. Barbagelata plantea sin titubeos una primera disidencia: cree que la exclusión del debate sobre el aborto en la discusión del nuevo proyecto significa “una oportunidad perdida”. “A una reforma de esta envergadura la entiendo comprendiendo este tema. Obviamente no voy a suscribir a la penalización de una mujer que recurre a un aborto. Pero sí creo, y no lo hemos conversado, que hay una postura de la Corte Suprema reciente en un fallo por unanimidad que incorporaremos en la letra del artículo 86 actual. No podemos soslayar la interpretación de la Corte. Espero que lo conversemos oportunamente”, se anticipa. Acaba de escuchar los argumentos de Zaffaroni sobre los antecedentes en que esa discusión frustró proyectos clave. Gil Lavedra promete la consulta a una “multiplicidad de fuentes”. También el intercambio con los actores del mundo judicial y académico que aspiren a sumar opiniones. “Abriremos un proceso de consulta para que todo esté rodeado con la máxima legitimidad posible”, afirma.
–¿Por qué es necesaria esta reforma?
Gil Lavedra: –El Código Penal perdió organicidad después de tantas décadas en las que hubo una enorme cantidad de reformas que se superpusieron como capas geológicas. Ha perdido racionalidad, proporcionalidad. Un Código debe ser un conjunto orgánico y armónico de disposiciones y en el actual cuesta ver cuál norma está vigente y cuál no. Es por la cantidad de superposición de figuras que se han ido incorporando.
–¿En qué puede cambiarle su vida al ciudadano común una reforma en el Código Penal?
Zaffaroni: –Lo que vemos es que esta dispersión de normas, esta maraña, provoca como resultado práctico cosas que repercuten en la opinión pública, pero que las veo más en detalle cotidianamente. Me doy cuenta de la disparidad con la que se interpretan las normas y eso está facilitado por lo que denominamos maraña legislativa y, en consecuencia, pasan sentencias que uno las ve y dice: “Pucha, este parece que se la llevó muy liviana”, y otras que parece que se les fue la mano. El Código Penal es una especie de apéndice de la Constitución. Acá está la Constitución y acá está lo que está prohibido, y está el menú con lo que le cuesta cada prohibición. Si no está claro, es grave.
Pinedo: –Además está la cuestión de prevención que genera el conocimiento de las normas. Si nadie sabe qué es lo que rige, el Código pierde su facultad educativa, una parte importante de su función.
–¿Cuáles son los aspectos más confusos del actual Código?
Z: –Podríamos citar cosas en particular. Un Código es una ley única, una especie de ley enciclopedia que intenta juntar las cosas de manera sistemática y tiene una arquitectura. Uno lee el Código italiano de Alfredo Rocco (político y jurista fascista) y parece que estuviera en la Estación Central de Milán, es un código fascista. Uno lee un Código liberal y tiene otra estructura. El problema es que esa ley dejó de ser enciclopédica porque tenemos leyes sueltas por todos lados y la arquitectura está desarticulada.
–El debate público –muchas veces mediático– que acompaña la discusión sobre delitos y penas es la cuestión de la “inseguridad”. ¿De qué manera se articula esta discusión que ustedes tienen por delante con este debate que muchas veces implica la discusión de penas más altas?
Z: –Lo que se llama inseguridad es un defecto de prevención. La prevención no la hace el Código Penal, salvo en algunos casos muy secundariamente –cierto efecto preventivo que tiene todo el Derecho, pero no sólo el Penal, sino también el Civil–. Pago el alquiler para que no me echen de mi casa. Fuera de eso, con el Código Penal llegamos tarde: cuando el muerto está muerto. Prevención significa que no esté muerto. Y eso no se consigue con papelitos, se logra perfeccionando los métodos de prevención básicos. Cuáles son los núcleos que generan conflictividad socialmente, y mejorando el servicio de seguridad. Puedo poner las penas más locas que se me puedan ocurrir, pero si no tengo servicios de seguridad, no tengo con quién aplicárselas.
GL: –La mejor política criminal es cuando no sucede ningún hecho delictivo. El Derecho Penal actúa cuando el hecho ya fue cometido.
P: –Hay todo un tema sobre cuáles son las valoraciones que hace la sociedad de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y qué es favorable a la convivencia social y qué es lo que es contrario. Eso es una escala de valores y el Código Penal es un reflejo de esa escala de valores, pero que tiene que articularse con el resto del Estado. En un punto, si hacés un Código que no tenga nada que ver con la realidad, las cosas importantes se te pasan por debajo de la mesa y te terminás dedicando a correr chiquitos por la calle. Hay gente que tiene un pensamiento sencillo y equivocado que es: “pongamos las penas hasta el infinito y ahí se acaba todo”. La verdad que no hay ningún tema en la vida que sea monocausal, entonces hay que manejar eso en un contexto general de lo que es nuestro país. En ese contexto, las valoraciones que hace el Código Penal son importantes.
GL: –Sanciona las violaciones más graves de la convivencia. Lo que la sociedad considera como más grave, el Código lo asocia, como consecuencia, a una pena. Es la última medida, pero antes está todo el resto del tratamiento jurídico, que también protege los bienes jurídicos, pero de diferente manera.
–Un ejemplo paradigmático es el de las “leyes Blumberg”…
B: –Sí, porque son las más cercanas en el tiempo. Yo participé en reuniones de comisiones donde fue, incluso en ese momento, imposible dar un debate. Participé de la sesión donde estaban, con mucha presión al lado de la Presidencia, personas que estaban afectadas por el delito. Comprendo el dolor, pero me parece que no es el camino para trabajar una legislación penal. Y reitero, algunos la votaban a sabiendas de que después iba a ser declarada inconstitucional.
P: –El tema es cómo caminar en un camino que por un lado permita la reinserción de la gente que ha delinquido y que, por otro lado, proteja a la sociedad de situaciones extremas de comportamientos antisociales o antihumanos. Ese camino es opinable, es gris, hay que buscarlo, pero siempre se puede encontrar un camino razonable. Por supuesto que siempre hay extremistas de los dos lados, y en la democracia los consensos pasan por el medio razonable y no por los extremos. Trataremos de buscarlos.
–¿Podrían especificar algunas de las mayores contradicciones que se pueden subsanar?
Z: –Alguien me debe dinero y estoy al límite de la quiebra, le voy a cobrar, me insulta, se burla. Me pongo nervioso, entro en estado de emoción violenta, saco un revolver o un cuchillo y lo mato. Tengo una pena. Si en lugar de clavarle el cuchillo, lo amenazo con el cuchillo, tengo más pena. Y si en lugar de eso, hay algo arriba del mostrador, y le digo: “hijo de tal por cuál”, y me lo llevo y a los cinco minutos me arrepiento de lo que hice, tengo más pena. Esa es una de las contradicciones.
B: –Hay discusiones sobre cuál es la pena máxima del Código. Eso debería mover a la reflexión al ciudadano común. Si un Código Penal no tiene claro cuál es su pena máxima, entonces estamos en problemas.
Ya corre la segunda ronda de café. Zaffaroni se anima al primer cigarrito de la charla. Para hablar del futuro trabajo de la comisión, los integrantes del flamante equipo aceptan hacer pie en los antecedentes de trabajos e intentos anteriores que, aun frustrados, aportaron elementos centrales a la articulación de un nuevo Código Penal. El más inmediato es el proyecto elaborado en 2006 por un grupo de especialistas encabezados por el ex secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Nación, Alejandro Slokar. Esa iniciativa otorgaba un rol central a la figura de genocidio, planteaba eliminar la prisión perpetua y la reincidencia. Los miembros de la comisión actual parecen tener también principio de acuerdo sobre esos puntos sensibles. “Fue un buen proyecto, un proyecto moderno, pero la idea es revisar también los códigos penales que se han sancionado en las últimas décadas. En Europa, en Latinoamérica. Claro que lo vamos a tener en cuenta, pero de lo que se trata es de consultar una multiplicidad de fuentes”, señala Gil Lavedra.
–¿Qué aspectos estudian revisar respecto a la figura de la víctima?
Z: –El Derecho Penal nunca hizo por la víctima otra cosa que confiscarla. Ahora se está abriendo en la legislación comparada un capítulo restaurativo para sancionar delitos no violentos, pero fundamentalmente delitos contra la propiedad. Hay que privilegiar el rol de la víctima y la reparación de la víctima como forma de contribuir a la paz social.
GL: –La acción penal en sus comienzos fue privada, es decir, el particular ofendido instaba a la acción frente a la tribu, frente al Consejo de Ancianos, lo que fuere. Con la conformación de los estados nacionales, el Estado –por eso confiscar– expropió…
Z: –Expropiar se paga, la confiscación no se paga y no se pagó nunca (risas).
GL:–Le confiscó el conflicto a la víctima y le dijo: “No señor, usted se queda ahí. De esto se encarga el Estado.” Así nace la acción penal pública, el individuo a un costado y se encarga el Estado. Hay un movimiento que incluso se ha plasmado en las convenciones internacionales de Derechos Humanos, que tienden a revalorizar el papel de la víctima. Ahora, por supuesto que a la víctima hay que empoderarla en el campo que dijo Raúl. En los delitos contra la propiedad, en los campos en los cuales no se provoque una alteración social significativa. Porque en los otros subsisten las razones de la acción estatal, que es tratar de mantener una conveniencia sobre la base de ciertos valores. Uno no podría dejar que la víctima concilie un homicidio alevoso, obviamente.
B: –Un movimiento del Derecho que en los últimos años ha revalorizado este punto y que va a ser considerado en nuestro trabajo también.
P: –Podría haber más delitos que se llaman de instancia privada, es decir, que sólo se impulsan si los impulsa la víctima.
B: –En el proyecto de 2006 hay un detalle bastante interesante.
GL: –Está bien lo que dice Federico. Cuantos más delitos de instancia privada, solamente se inicia la persecución penal si hay denuncia. Otra que tenés es que en los casos en que se aplique un principio de oportunidad y el fiscal decida no impulsar la acción, sí pueda
seguirla la víctima si quiere.
–¿Se incluirán penas alternativas a las conocidas?
Z: –Toman autonomía ciertas condiciones que están dadas para la libertad condicional y se imponen directamente de entrada a título de pena. Prestación de trabajo de utilidad pública, detención de fin de semana, que es una cuestión medio compleja, resarcimiento a la víctima con multa reparatoria –es decir que el sujeto trabaje y le pase una cantidad de dinero a la víctima–, instrucciones especiales.
GL:– Acercarse o no acercarse.
B: –Tampoco son cosas novedosas, están en otras leyes, como la ley de violencia contra la mujer. Es la oportunidad de sistematizarlas, son cosas que abren el abanico de posibilidades.
Z: –Son algunas formas que son hijas del viejo confinamiento, es decir, no salir de determinado barrio. Entre las instrucciones especiales, existe la posibilidad de asistir a cursos, terminar la escolaridad.
GL: –Impartir los cursos cuando se tiene una habilidad especial.
P: –Clases de cómo abrir una caja de seguridad, ese tipo de cosas (risas).
B: –Muchas de esas leyes están incluidas en la protección especial de niños, niñas y adolescentes.
–En el Congreso hay varios proyectos sobre la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo. Y se supone que dentro de poco tiempo van a ser tratados en el recinto. ¿Cómo se empalman los temas puntuales que se discuten en el Congreso con los cambios que se hacen en el Código Penal?
Z: –Se compatibilizan, no es complicado.
P: –Porque lo que vamos a hacer es elevar una propuesta al Poder Ejecutivo para que eleve una propuesta al Congreso. Si en el Congreso ya hay consenso para una cosa determinada, entonces irá por ahí. En definitiva va a volver al mismo lugar.
B: –Lo mismo va a pasar con la trata.
P: –O el régimen Penal Juvenil.
GL: –El Congreso tiene que sancionar la Ley Penal Juvenil. Es una deuda increíble. Estamos dispuestos a llevarlo la semana que viene si es preciso.
Z: –Estamos en violación de la Convención Internacional en ese aspecto.
GL: –Sería bueno que el oficialismo acceda a tratar la Ley Penal Juvenil. Y en el caso de la despenalización de la tenencia para consumo, y no sólo de la tenencia, sino de todo lo que rodea el ámbito de libertad que es el consumo –un tema que tiene cierta conflictividad–, nosotros estamos dispuestos a llevarlo cuanto antes a discusión al recinto. Incluso eso hace a la autonomía personal. Y está bien que el Congreso manifieste su voluntad política en ciertos temas trascendentes. Está mal que siga metiendo “penas” como las mete, a la marchanta. Pero en estos temas importantes está bien que el Congreso avance.
Los cuatro miembros de la comisión están convencidos de que antes de tipificar nuevos delitos, la mayor tarea será dar coherencia y efectividad al conjunto de sanciones.
–El nuevo Código, ¿tiene que tener una tipificación de lo que llamamos delitos informáticos?
P: –Sí, claro. Se avanzó tímidamente en eso en algunas leyes informales. No sé si es un capítulo o es parte de otra cosa.
Z: –Habría que pensarlo bien. Porque en definitiva son nuevos medios técnicos para cometer viejos delitos.
GL: –La interferencia de comunicaciones. Hay un delito hoy que es el de intercepción de correo. Las intercepciones de los mails son lo mismo, antes interceptaban al tipo que llevaba las cartas, ahora lo hackean.
Z: –Antes se llamaban los salteadores del camino y ahora se llaman los piratas del asfalto.
–En el proyecto de 2006 se incluía la figura del genocidio y a los delitos de lesa humanidad. ¿Qué reflexión les merece?
P: –Eso es clarísimo. La doctrina de Derechos Humanos es posterior al Código Penal y tiene que estar incorporada. Es constitucional.
B: –La Argentina fue pionera en llevar a Naciones Unidas y al ámbito internacional el tema de desaparición forzada de personas, tenemos una experiencia terrible que se ha plasmado. Argentina fue protagonista de estos delitos.
–¿Hubo alguna definición de la metodología de trabajo en la primer reunión que tuvieron?
Z: –Vamos a trabajar sobre la parte general y a tener un equipo que recopile y rastree todas las disposiciones extravagantes de leyes no penales, que nos tabule todos los antecedentes. Calculamos que en algunos meses tendremos una parte general para poder lanzarnos a la especial con ese trabajo previo de archivo y de elaboración.
GL: –Vamos a abrir un proceso de consulta para que esto esté rodeado con la máxima legitimidad posible. Y a escuchar también opiniones de las universidades, del Colegio de Abogados.
–Conformemos un escenario hipotético en el cual, en un tema puntual, un miembro no esté de acuerdo. ¿Qué sucede?
Z: –Se pueden hacer disidencias. Eso no obstaculiza. El colegislador es el Ejecutivo. Le mandamos el proyecto que nos encargue. Si tenemos distintas opiniones, las manifestaremos y el Ejecutivo verá lo que manda al Congreso.
Z: –Creo que sobre la cuestión de fondo, lo político-criminal, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos una legislación que reparte demasiado poder punitivo indiscriminadamente.
P: –Mucho más del que se aplica.
Z: –Hay que tratar de diferenciar un poco los hechos graves, contra la vida, la integridad física, de los hechos menos graves. Hoy hay una reincidencia genérica. Hoy que un tipo libre un cheque sin fondos y dentro de tres años se agarre a trompadas con alguien en la esquina, me dice poco. Puede suceder que haya un hecho de gravedad contra la vida, uno solo, que me diga bastante sobre una tendencia del mismo sujeto. Eso es lo que hay que diferenciar. Vamos a tener delitos graves para los cuales la pena será grave y otros que no me marcan ninguna tendencia a una criminalidad grave, para lo cual tengo que adecuar las penas de otra manera. No ponerle una medalla, pero sí otra pena.
P: –Ese es el camino del medio.
–El delito contra la vida…
Z: –El valor máximo es la vida.
GL: –Tiene que ser lo más protegido. Si agarramos un Código Penal y miramos el capítulo de delitos contra la propiedad y lo comparamos con uno de delitos contra la vida, observamos que en muchos casos está más protegida la propiedad que la vida.
Z: –Un robo a mano armada, y puede ser mano armada a cuchillos, tiene una pena mínima de cinco años. Una tentativa de homicidio puede tener una pena de cuatro. Hay un problemita, ¿no? Un desfasaje. No es lo mismo un robo a mano armada con un cuchillito que un asalto a un banco con una ametralladora. Hay que adecuar esas cosas.
–¿La reforma del Código Penal debe ir acompañada de una reforma del Código Procesal?
Z: –Es bueno que la acompañe.
GL: –Inexorablemente.
–¿Y en manos de quién está esa tarea?
GL: –Hay un muy buen proyecto en manos del Ejecutivo, de una comisión que trabajó muy bien, y el proyecto puede tener algunas modificaciones pero en su estructura general es un buen proyecto. Lamentablemente es otro de los temas que se traban. Lo conversamos con la presidenta y mostró predisposición a impulsarlo. Es imprescindible, porque muchas de las disposiciones que puede contener un Código Penal van a necesitar su correlato procesal. Si uno impone la responsabilidad de las personas jurídicas, para darle una pena hay que escucharlo, hay que darle audiencia, posibilidad de defenderse, pero eso no está previsto, no existe un régimen procesal de cómo llevarlo adelante.
Z: –No me gusta la responsabilidad penal de una persona jurídica.
P: –A mí tampoco, pero bueno.
B: –A mí sí me gusta, pero son largas discusiones.
GL: –Si se incorporara, eventualmente, como lo incorporan los códigos modernos, necesitaría necesariamente un correlato procesal. Hay leyes que ya lo han incorporado.
–¿Ven la posibilidad de hacer algún tipo de recomendación en ese sentido?
P–A lo mejor el gobierno eleva un proyecto de modificación del Código Procesal pronto, podría suceder. Hablamos de eso con la presidenta, no sé qué hará. Dijo que tenían elaborado un proyecto, que lo podían llegar a mandar.
Z: –Va a haber cosas que salen del proyecto. Tenemos que descargar a la justicia de procesos menores. Uno se hurta una botella de Coca-Cola en Londres y hay una multa, un rato y listo. Napoleón no estaba mal cuando dividía crímenes, delitos y contravenciones, porque necesitaba dinero para conquistar toda Europa y no lo iba a gastar en estupideces.
B: –Hay juzgados en ciudades medianas donde el 40% de sus causas son amenazas.
Z: –Le digo a un vecino: “te voy a matar”, y listo, denuncia por amenazas. Después hay hechos que sí, aunque parezcan formalmente… Lo empujan a un hincha a la salida de la cancha y le quitan la gorrita, que sale tres pesos, y eso es robo y violencia a la persona.
P: –Puede ser en banda, con lo cual es un agravante.
GL: –Por muchas razones. Me parece que el sistema de enjuiciamiento ha demostrado una ineficacia absoluta para investigar los delitos complejos. El tiempo que demoran los casos en llegar al juicio propiamente dicho es terrible. Un fracaso estructural.
B: –Y delitos que no son complejos. Hay una investigación sobre el tema de violencia familiar, donde todas las investigaciones son una especie de cáscara, no existe la investigación. Termina en nada porque tampoco hay nada.
–En la discusión seguramente estará la inclusión de nuevas figuras…
Z: –Ya tenemos demasiadas. Vamos a tratar de ordenarlas en líneas generales. Y que no se escape nada de lo que escapa de las actuales. Yo diría que hay muchas cosas que son formas técnicas de cometer viejos delitos.
P: –Las maldades humanas no son tantas, son acotadas. Los mandamientos son diez y algunos no son más delito, por suerte. “No desearás a la mujer de tu prójimo”, es imposible. ¡Ahora me echan de la Iglesia! (risas).
–La participación opositora puede ser un elemento que ayude.
B: –Tiene un sentido. Ya hay un trabajito adelantado.
Z: –El único Código que se sancionó, se sancionó así.
B: –El sentido común indica que vos podés ir ahorrando también plazos de discusión.
GL: –Es auspicioso. Es de suponer que nuestros bloques parlamentarios lo van a apoyar.
–Como opositores, ¿cómo tomaron la convocatoria? ¿Con sorpresa? Por la argumentación de la oposición de falta de diálogo con el gobierno…
P: –Sí, es un ejercicio importante de diálogo de búsqueda de acuerdos. Es darnos la oportunidad de ver si podemos hacerlo, buscar acuerdos con visiones distintas, llegar a lugares comunes. Un desafío de lo que siempre decimos que sería bueno hacer. Es un tema conflictivo.
B: –Creo que es un camino inteligente y la experiencia que nosotros tenemos en el ámbito de los derechos de la mujer es justamente esa.
Z: –La crítica al pluripartidismo, es decir a la democracia más radical, que se ha hecho siempre y tomo como paradigma a Carl Schmidt, es que “el partidismo parte y la Nación tiene que ser una”. Esa crítica se basa y se refuerza en la medida en que la lucha política no es capaz de generar estos espacios. Este espacio debilita la crítica autoritaria. Son las que demuestran que el pluralismo existe y no es un impedimento para el funcionamiento y el desarrollo de la Nación. Al contrario, lo fortalece.
León Arslanian
“Si existiera relación entre inseguridad y pena, el problema estaría resuelto”
El único de los miembros de la comisión encargada de la reforma del Código Penal que no pudo asistir a la entrevista fue el abogado penalista y ex juez en el Juicio a las Juntas, León Arslanian. Confiesa que le hubiera “gustado” ser parte de la mesa, pero sus obligaciones académicas se lo impidieron. “¿Por qué es necesaria una reforma del Código? El actual tiene 91 años y se llenó de figuras penales y acciones nuevas más allá de los incrementos progresivos de penas, en la medida que para la gente se hacía manifiesto que no era suficiente la magnitud de las que había. Y se transformó en un adefesio. Se pensó que era el único instrumento para enfrentar los fenómenos de inseguridad, creyendo, como dijo Juan Pegoraro, que la Ley Penal es un talismán, que uno lo toca y cambia la realidad”, explica.
Arslanian asegura que “hay una deslegitimación” del sistema penal. “El porcentaje de condenados que cumple efectivamente la pena que se le impone y al cual se le aplica el régimen progresivo de pena, con tratamiento carcelario tendiente a la resocialización, es ínfimo. Muchas veces las personas agotan en una prisión preventiva las condenas que puedan recibir, el tiempo que pueden merecer de pena.”
–¿Existe alguna relación entre la disminución de la criminalidad y el aumento de las penas?
–No, si no hubiéramos resuelto este problema hace mucho tiempo. El secuestro exprés tiene una pena muy significativa y sin embargo reapareció. La última gran apelación al poder mágico de la pena se agotó con Blumberg. Recién ahora y gracias a la creación del Ministerio de Seguridad y su homólogo de la provincia, se empezó a entender que había que trabajar sobre una multitud de variables que operan sobre la violencia: hacer prevención social, identificar y diagnosticar adecuadamente. Hay una ley penal que no ha tenido el grado de claridad suficiente como para evitar que interpretaciones capciosas la torturen. Hay cosas que son increíbles: se pena con la misma pena la tentativa de contrabando que el contrabando. Y además los delitos más graves los tenemos afuera del Código Penal. Hay que traer al Código Penal la materia del delito penal cambiario, del delito penal tributario, del delito penal económico y darle limpieza, transparencia, para que la gente lo entienda. El gobierno tomó el toro por las astas y sacó el digesto: de las 33 mil leyes vigentes, terminamos por reconocer que hay un 10% que sirve. <
El aborto, una cuestión sin acuerdo
La despenalización del aborto no está incluida en el proyecto de reforma al Código Penal que la presidenta Cristina Fernández recibirá el año próximo. “Porque en todos los casos en los que se discutieron códigos penales y se modificó lo referente al aborto eso trajo dificultades de carácter práctico y dificultó la sanción del Código. Me estoy refiriendo al caso de España, Alemania, Austria. Y ese fue uno de los motivos por los cuales se paró la reforma del 2006”, explica Zaffaroni antes de aclarar que fue él quien le propuso a la presidenta dejar el debate para otro momento. “Pensamos que es un tema que merece una deliberación pública autónoma. Desmereceríamos la cuestión de la interrupción voluntaria o no del embarazo si la incluimos dentro de un conjunto enorme de disposiciones”, refuerza Gil Lavedra. Este es uno de los puntos en los que no hay acuerdo entre los miembros de la Comisión y es la voz de Babagelata la que lo pone de manifiesto. “Quiero dejar aclarado que es una oportunidad perdida. Entiendo las razones pero en este sentido mantengo mi postura. Obviamente no voy a suscribir la penalización de una mujer que recurre a un aborto”, disiente la ex diputada socialista, quien destaca un reciente “fallo de la Corte Suprema” en este sentido.
“Son temas muy de fondo y que requieren un consenso importante. La democracia es un poco eso: buscar los pisos comunes que tenemos para poder avanzar como sociedad y si no, hay que tratar de buscar otro camino”, concede Pinedo. Aunque es Zaffaroni quien salda la discusión: “Lo peor es que los 200 mil abortos se siguen practicando.”
