Eugenio Raul Zaffaroni participó ayer de la apertura de las jornadas “La Justicia Penal hoy” organizadas por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. En un panel compartido con el camarista penal Alejandro Slokar y con el secretario general del gremio, Julio Piumato, el ministro de la Corte criticó el mecanismo de determinación de la pena en el sistema penal argentino de acuerdo al texto vigente del Código Penal.

“La mayoría de las sentencias penales son nulas”, aseguró. Explicó que prácticamente ningún juez fundamenta específicamente la gradación de la pena cuando condena a alguien a prisión. “El Código argentino establece un mínimo y un máximo de años de prisión o inhabilitación como sanción a quien comete un delito, pero no determina los criterios con los cuales se debe regir el juez para fijar una cantidad específica de años. “Nadie sabe explicar por qué condenó a 12 años de prisión en vez de a 13”, ejemplificó. Dio a entender que esa indeterminación incurre en una causal de nulidad, la de arbitrariedad.

Recordó una anécdota sobre la redacción del artículo 40 del Código Penal vigente, que remite al siguiente en las condiciones para que los tribunales fijen una condena. El texto establece que será “de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares de cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente”. Zaffaroni explicó que “ese artículo está porque cuando se redactó había quedado un bache y había que llenarlo para procurar no corregir la numeración de todos los subsiguientes”, trabajo que hubiera sido a mano porque -hace casi un siglo- aún no existían las computadoras.

“En la academia se plantean problemas de acuerdo a las modas”, arremetió. Repasó diversas temáticas doctrinarias que calificó como “refinadísimos conceptos de la teoría” pero que finalmente “no son los que se discuten en los tribunales”. El ministro de la Corte señaló que “hay una disputa mundial entre un modelo incluyente y otro excluyente” donde se debate el rol del poder punitivo. “Una sociedad ‘policizada’ produce masacres por loteo”, agregó.

El penalista planteó que “es hora de volvernos críticos” a la doctrina que se presenta como aséptica y apolítica. “Ya no se sostiene la idea de una ciencia penal neutra y políticamente incontaminada”, aseguró. Y criticó la pretendida objetividad de las ciencias sociales, dado que “el poder punitivo y el derecho no se compran en la ferretería” porque “son instrumentos de gobierno y son políticos”. Agregó que “los modelos de dogmática jurídica están vinculados a los modelos de Estado”, y se pronunció a favor de un Estado presente y corrector de las desigualdades.

“Toda criminalización es un acto de poder”

El camarista Alejandro Slokar opinó que “toda criminalización de una persona es un acto de poder, y por consecuencia, es un acto político”. Sostuvo que se ejerce conforme a cierto texto o marco referencial normativo que “tiene un carácter ideológico”. Criticó el modelo penal vigente, que engrosa las filas de personas privadas de la libertad multiplicando la violencia, y respaldó el anteproyecto de Código elaborado por la comisión ad-hoc que presidió Zaffaroni.

Explicó que con los mecanismos actuales, no sólo el 70 por ciento de la población penitenciaria está privada de la libertad sin tener condena -son procesados- sino que, según además un 25 por ciento de esos procesados finalmente saldrá sobreseído o absuelto. Apoyado en la estadística, agregó que “son 8 mil personas” las que hoy están tras las rejas y que finalmente los jueces no encontrarán motivos para condenar.

En vísperas del aniversario del golpe de Estado de 1976, el juez de cámara dijo que en ese momento muchos actores del sistema penal actuaron “con indiferencia y a veces hasta con complicidad”. En el mismo sentido se expresó Piumato, que resaltó “logros y deudas” del poder Judicial. “Se logró el juzgamiento de los genocidas, pero el pueblo aún no se ha reencontrado con los derechos que le arrebataron en la dictadura”, resumió. Recordó que siguen vigentes muchas normas que se establecieron en la dictadura y que “fueron pensadas para derrumbar el Estado de bienestar”.

En el segundo panel, el juez Sergio Delgado ejemplificó esa situación al detallar que las fuerzas de seguridad siguen reguladas por decretos de facto de las últimas dos dictaduras. Destacó la voluntad del Poder Ejecutivo de proponer una reestructuración de la norma orgánica del Servicio Penitenciario Federal, y celebró la posibilidad de que se desmilitarice esa fuerza.

El fiscal Alejandro Alagia trajo a colación las jornadas que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación organizó en Mar del Plata para debatir reformas en el sistema penal y penitenciario. En su ponencia, sobre la apropiación ilegal de bienes durante la dictadura, reconoció como un gran logro que “Argentina es uno de los únicos países del mundo que juzga a los genocidas con sus propios jueces”, a diferencia de las naciones que han encarado procesos jurisdiccionales a través de tribunales internacionales.

El camarista Diego Barroetaveña disertó sobre la necesidad de dejar atrás el sistema inquisitivo del proceso penal que se aplica en materia federal y en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, para instaurar un sistema acusatorio como se ha extendido en casi todas las jurisdicciones provinciales. Ponderó las bondades de ese mecanismo como forma de protección de derechos y garantías. La jornada fue concluida con la ponencia del juez Héctor Magariños, que realizó un análisis doctrinario del instituto de la reincidencia.

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